Según informó este martes la Policía Nacional en un comunicado, la investigación se inició a raíz de las declaraciones prestadas por dos víctimas ante los agentes. A partir de dichas manifestaciones, así como las medidas judiciales acordadas y las diferentes gestiones policiales practicadas, los investigadores pudieron determinar la existencia de una organización criminal de origen principalmente dominicano, "perfectamente estructurada y con un claro reparto de funciones entre sus integrantes".

Las investigaciones permitieron identificar una red de captadores encargada de localizar en España a mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente "con carencias económicas y cargas familiares", a las que ofrecían falsas promesas laborales para posteriormente trasladarlas a clubes gestionados por la organización, donde eran explotadas sexualmente.

Estos establecimientos estaban ubicados en las provincias de Valladolid, Salamanca y Palencia. Las víctimas eran desplazadas continuamente entre los distintos clubes con el objetivo de dificultar la actuación policial y evitar su detección y liberación.

Una vez llegaban a los locales, las víctimas comprobaban que las condiciones reales no se correspondían con las inicialmente pactadas. Según pudieron acreditar los investigadores, los clubes permanecían cerrados con llave durante el día para impedir que abandonaran el recinto, tenían prohibido pasar el día libre fuera del establecimiento y debían cumplir "extensas jornadas obligatorias" en sala desde las 16.00 horas hasta las 5.00, prolongándose incluso más tiempo si así lo requerían los clientes.

Asimismo, los agentes comprobaron que de los beneficios obtenidos por los servicios sexuales, las víctimas percibían menos de la mitad. En algunos casos, las mujeres ni siquiera eran informadas previamente de las condiciones y eran obligadas directamente a ejercer la prostitución tras su llegada a los clubes. Los agentes constataron un "clima continuado de violencia, hostigamiento y control sobre las víctimas". Según se desprende de las actuaciones, algunas no recibían alimentación si no ejercían la prostitución.

Tras las investigaciones iniciales, se llevaron a cabo diferentes registros el pasado mes de mayo, en los que se detuvo a once integrantes de esta red en las provincias de Valladolid (seis), Madrid (dos), Palencia (dos) y Salamanca (uno).

En dichos registros, los agentes intervinieron abundante documentación relacionada con la explotación sexual, contabilidad de beneficios y deudas de las mujeres. También se localizaron transferencias monetarias, teléfonos móviles, armas blancas y alrededor de 7.000 euros en efectivo. Durante la operación también se hallaron evidencias de un presunto delito contra la salud pública al localizar diversas drogas y medicamentos para la disfunción eréctil distribuidos sin control sanitario ni receta médica.

Entre los efectos hallados en uno de los clubes destaca un manual en el que se recogían "instrucciones precisas sobre el funcionamiento del establecimiento y el control de las mujeres", tales como la obligación de entregar las llaves de las habitaciones al bajar, la prohibición de salir con clientes fuera del local o el pago anticipado de los servicios sexuales a los encargados de los respectivos clubes.

Los agentes comprobaron además las "deficientes condiciones de habitabilidad" en las que residían las víctimas. Las estancias comunes presentaban un "grave estado de suciedad, falta de higiene y carencias básicas de salubridad", llegando a localizarse insectos y trampas para ratas, todo ello con un "entorno de explotación y sometimiento".

Fruto de las inspecciones y actuaciones policiales, los agentes identificaron a más de un centenar de mujeres que habían ejercido la prostitución desde 2021, encontrándose más del 75% de ellas en situación irregular. El día en que se llevó a cabo la última fase de la operación, fueron identificadas 15 mujeres, ocho de las cuales se encontraban en situación irregular.