Según informó hoy la policía, Marcelino F. P.telefoneó el pasado día 1 de junio a la DYA de San Sebastián (Guipúzcoa) informando de la colocación de dos artefactos explosivos en dichas empresas. Tras el aviso, la policía activó el dispositivo establecido para estos casos.

Al detenido se le imputa un delito de desórdenes públicos, según viene recogido en el artículo 561 del Código Penal español, además de crear gran alarma social y movilizar a las Fuerzas y Cuerpos del Estado por una presunta amenaza terrorista, lo que le puede llevar a cumplir una pena que oscilará entre 6 meses a 1 año de prisión o una multa de 12 a 24 meses.

Por su parte, el director General de la Policía, Víctor García Hidalgo, manifestó que "este tipo de conductas no sólo ocasionan un desgaste de los agentes de policía, sino que además deben abandonar otros servicios para atender lo que luego resulta ser una falsa alarma. Estas llamadas generan intranquilidad en la sociedad y sus autores son y serán perseguidos", según señala el comunicado de la Policía.