Las personas que reentaban los locales, un hombre y dos mujeres, quedaron a disposición judicial, acusados de sendos delitos contra la propiedad intelectual.

Las investigaciones policiales demostraron que los vídeo clubes disponían para alquilar una gran cantidad de películas ilegales.

Los funcionarios registraron los establecimientos, situados en las calles Río Alberche, Gran Canal y plaza de Tomás de Villanueva, donde encontraron 66, 92 y 370 películas ilegales, respectivamente.

Las cintas eran de todos los éneros cinematográficos y algunas de ellas se exhiben actualmente en salas comerciales, según las mismas fuentes.

Los presuntos defraudadores declararon que adquirieron las películas a intermediarios que se las ofrecieron "a un precio interesante".