En los registros, los agentes se incautaron de dinero, relojes de lujo y activos financieros, y también bloquearon más de 12,5 millones de euros, más de 3,6 millones de litros de carburante, coches e inmuebles de lujo, según informaron la Policía Nacional y la AEAT en un comunicado.

Asimismo, en una vivienda de Ávila localizaron una fábrica clandestina de armas de fuego, donde también se intervinieron armas, munición de guerra y un vehículo blindado bélico con una ametralladora de gran calibre instalada en la parte superior.

La operación se saldó con ocho detenidos y a los investigados se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y, a uno de los líderes, tenencia ilícita de armas.

TÉCNICAS ILÍCITAS

La investigación comenzó a principios de 2023, cuando los agentes tuvieron conocimiento de grandes movimientos económicos de empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos compatibles con un posible blanqueo de capitales.

Esto puso de manifiesto la existencia de dos operadoras petrolíferas que estaban incumpliendo sistemáticamente con el impago del IVA. Tras las primeras pesquisas, descubrieron que podría existir una única organización criminal detrás de ambas operadoras petrolíferas.

Avanzadas las averiguaciones, comprobaron cómo esta red criminal podía vender el carburante incluso a precio inferior al de adquisición y, por tanto, vendiendo a pérdidas.

Por un lado, fruto de no ingresar en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) el IVA repercutido, les permitía ofrecer gasolina y gasóleo a empresas intermediarias y estaciones de servicio a precios mucho más bajos que los de cualquier competidor que sí cumpliera con sus obligaciones tributarias.

Por otro lado, tampoco cumplían con la normativa sectorial relativa a biocarburante, que obliga a pagar un pago compensatorio en caso de no utilizar biocombustible. De esta forma, obtenían un amplio margen económico con el que poder ofrecer sus suministros.

Los investigadores comprobaron que esta red criminal contaba con su propio depósito fiscal para almacenar el carburante, técnica poco común en el sector, puesto que lo habitual es que contraten los servicios de terceras empresas.

También encontraron que la organización tenía voluntad de seguir delinquiendo, ya que, con los beneficios ilícitos obtenidos con el primer operador petrolífero, pudieron crear y dar de alta un segundo operador para continuar con la actividad criminal.

Asimismo, llegaron a crear hasta un tercer operador petrolífero, con el cual comenzaron a operar de forma fraudulenta. Este operador fue dado de baja del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef) por la AEAT con celeridad para impedir que pudiera seguir extrayendo y vendiendo producto. Por este motivo, la cantidad defraudada por este tercer operador no llegó a alcanzar cuota de delito.

ESTRUCTURA JERARQUIZADA

La organización tenía una estructura jerarquizada liderada en la cúspide por dos socios bajo cuyo mando se encontraban los directivos financieros que controlaban las cuentas y se encargaban de toda la contabilidad empresarial.

En el último escalón se encontraban los trabajadores y muchos de ellos desconocían la actividad criminal llevada a cabo.

Por último, sin formar parte de esta estructura, estaban los testaferros, a quienes seleccionaban para que prestasen su identidad y figurar como responsables de las obligaciones tributarias generadas por los operadores petrolíferos. Uno de ellos llegó a percibir retribuciones de alrededor de dos millones de euros.

Una vez los investigadores lograron identificar a todos los miembros de esta organización, se estableció un dispositivo policial el pasado 2 de diciembre, con nueve entradas y registros simultáneos, siete de ellos en domicilios de Madrid y Ávila, y dos oficinas en la capital madrileña.

Los investigadores intervinieron más de 140.000 euros, 167 relojes de lujo valorados en unos 2 millones de euros, y activos financieros que superan los 14 millones de euros.

Además, se bloquearon cuentas con más de 12,5 millones de euros, más de 3,6 millones de litros de carburante, 60 vehículos de alta gama con un valor superior a los tres millones de euros y 46 inmuebles de más de cinco millones de euros.

TALLER CLANDESTINO DE ARMAS

En una de las viviendas ubicada en Ávila, los agentes encontraron un taller clandestino de armas de fuego y munición de guerra. Allí se intervinieron 44 armas de fuego, algunas con el número de serie borrado y modificadas con silenciadores, munición de guerra y un vehículo blindado bélico con una ametralladora de gran calibre instalada en la parte superior.

Finalmente, se detuvo a ocho personas y se tomó declaración en calidad de investigadas a otras diez personas más, entre las cuales se encuentran los líderes de este entramado, como presuntos responsables de los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.

Hasta el momento se tiene constancia de que el fraude de IVA asciende a casi 300 millones de euros entre los años 2023 y 2024, por lo que se trata de una de las mayores operaciones contra el crimen organizado en este tipo de delitos.