Mediante este acuerdo, la Policía Nacional informará a la CNMV sobre las personas o entidades que pudieran cometer infracciones contra los mercados de valores, así como de la incoación de procedimientos judiciales relacionados con aquéllas. También establece un punto de coordinación nacional para todas las investigaciones que lleven a cabo las unidades de la Policía.

La CNMV, por su parte, comunicará a la Policía Nacional cualquier indicio de fraude financiero, y le prestará asesoramiento para facilitar las investigaciones.

El presidente de la CNMV destacó que “la colaboración que hemos mantenido en el anterior convenio tiene como objetivo proteger mejor al inversor y al ciudadano y deberá verse reforzada en este, ante la creciente incidencia de ofertas fraudulentas y de entidades no autorizadas a prestar servicios de inversión".

“Ambas instituciones vamos a establecer canales fluidos y eficaces para el intercambio de comunicación, y vamos a colaborar en actividades de formación de relevancia para nuestros especialistas”, señaló el director general de la Policía, quien añadió que, en definitiva, “vamos a utilizar de una manera renovada la experiencia y la especialización alcanzadas en los últimos tiempos en la persecución de los fraudes financieros”.

AMENAZA

El fraude financiero se ha convertido en una de las amenazas internacionales del crimen organizado más relevantes, junto con el narcotráfico, el tráfico de drogas, la ciberdelincuencia o la trata de seres humanos, según el informe Socta 2021 de Europol. Los llamados 'chiringuitos financieros' no dejan de evolucionar y adaptarse para desarrollar una amplia tipología de fraudes que afectan al patrimonio de grandes y pequeños inversores.

En el marco del anterior convenio de colaboración entre ambas instituciones, que ha venido funcionando durante tres años, destacan operaciones como la denominada 'operación Arana', en la que se logró la detención de ocho personas en España, Bulgaria e Israel por defraudar 38 millones de euros en toda Europa.

Más relevante fue la 'operación Chacal', con la que se desarticuló la mayor estafa piramidal de criptomonedas en España, por valor de 280 millones de euros defraudados a más de 500 pequeños inversores. O la 'operación Bonanza', en desarrollo actualmente bajo la dirección de la Audiencia Nacional, donde se investiga un fraude en inversión en criptomonedas con una estimación de 50.000 afectados y 100 millones de euros defraudados.

Francisco Pardo explicó que “la magnitud y complejidad de estas investigaciones son de tal envergadura, que requieren la participación de otras unidades policiales de gran especialización”. Una de ellas es la Unidad Central de Ciberdelincuencia, imprescindible para la trazabilidad de los criptoactivos y la detección de software malicioso.

“En la Policía Nacional utilizamos todos nuestros recursos para perseguir los fraudes financieros y evitar la quiebra de la confianza en los mercados financieros. Pero no llegaríamos tan lejos en nuestras actuaciones si no contáramos con la colaboración, la ayuda, la información y el asesoramiento de la CNMV, en definitiva, sin su imprescindible participación”, agregó el director general de la Policía.

Buenaventura apuntó que “el entorno financiero se está volviendo más complejo y los esquemas fraudulentos más sofisticados y, en ese sentido, ponemos nuestra especialización a disposición de la Policía Nacional, que cuenta con medios y experiencia muy relevantes en la investigación de estas conductas".