La investigación se inició a mediados de este año cuando se recibió la denuncia de un proveedor de servicios de telefonía móvil alertando de gran cantidad de contrataciones de líneas móviles de manera irregular.

Tras varias averiguaciones los agentes lograron determinar que había dos personas que se dedicaban a realizar campañas masivas de smishing desde una vivienda de la provincia de Barcelona. Habían instalado un centro de operaciones con gran cantidad de cargadores para poder conectar al mismo tiempo múltiples dispositivos y así poder realizar su actividad delictiva sin ninguna limitación.

Avanzada la investigación descubrieron que, tras falsificar documentos oficiales para dar de alta 431 líneas telefónicas, llegaron a enviar más de 790.000 mensajes de texto a un número indeterminado de víctimas elegidas al azar. Todo ello produjo un perjuicio económico para la compañía de más de 15.700 euros en concepto de costes de envío e interconexión.

Con el beneficio obtenido con esta técnica compraban videoconsolas y planchas de peinado profesionales, las cuales ponían a la venta en plataformas de productos de segunda mano para poder blanquear el beneficio económico obtenido.

Una vez identificados los ciberestafadores y localizado el centro de operaciones, se estableció un dispositivo policial a finales del pasado mes de noviembre que culminó con la detención de un hombre y una mujer que pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de estafa y falsedad documental.

En el registro realizado se intervinieron 75 dispositivos móviles, 1.150 euros, 17 videoconsolas y gran cantidad de documentación falsa. Además los investigadores comprobaron que movían el dinero estafado por criptomonedas incautando también más de 10.000 euros en tarjetas de criptoactivos.

La Policía Nacional aprovechó estos hechos para recordar a la ciudadanía varios consejos con los que evitar caer en estas ciberestafas. Entre otras cosas, pidió comprobar el emisor de los mensajes o llamadas recibidas; no aportar datos personales sin cerciorarse de que se trata de la entidad en cuestión; no facilitar nunca información de tarjetas, documentos de identidad, declaración de la renta, nóminas, nombres de usuario, claves y contraseñas; no aceptar, en ningún caso, las condiciones que ofrezcan en una misma llamada o comunicación; no clicar en los enlaces de los mensajes de texto que envíen y, en el caso de las cuentas bancarias, acceder siempre a través de la aplicación que nos facilitan las entidades financieras, compañías telefónicas o empresas de suministro; así como desconfiar si el interlocutor pone continuamente en espera.