Según informó este martes la Jefatura Superior de Policía, la investigación policial se inició en octubre del pasado año en Melilla, cuando una mujer denunció haber sido víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. A raíz de esta denuncia, los agentes identificaron a una organización criminal asentada en territorio nacional, compuesta por personas latinoamericanas y españolas cuyo modo de vida radicaba en la explotación sexual de mujeres de origen sudamericano, que eran captadas en su país de origen, principalmente Colombia y Venezuela.

La red captaba a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad económica mediante engaño, prometiéndoles un futuro laboral más favorable en España. La organización criminal se hacía cargo de todas las gestiones y documentación necesaria para el viaje, informando a las víctimas que por ello contraerían una deuda de hasta 6.000 euros, la cual debían pagar en tres meses ejerciendo la prostitución.

Una vez en España, eran trasladadas a domicilios controlados por la red en la localidad de Torrijos (Toledo) y Madrid, donde eran desprovistas de su documentación y obligadas a ejercer la prostitución para saldar la deuda contraída con la organización criminal.

COACCIONES

La organización contaba con mujeres que actuaban como falsas ‘madres de piso’, encargadas de ejercer un control sobre las víctimas, marcar los horarios, fijar las tarifas y gestionar el cobro de los clientes. Las víctimas eran obligadas a tener disponibilidad de 24 horas al día y debían repartir el 50% de los beneficios. Además, en las zonas comunes del domicilio había ubicadas cámaras de seguridad que grababan todo lo que ocurría en la vivienda, estando las víctimas permanentemente vigiladas.

En algunos casos, las víctimas eran conminadas a cambiar de lugares de explotación, siendo aprovechado el momento del traslado por una de las víctimas para escapar de esta red criminal, momento en el que empezó a recibir amenazas tanto desde España como desde su país de origen, para que regresara y abonara el importe de la deuda.

La coordinación de la explotación sexual iba acompañada de una segunda actividad delictiva, la distribución de drogas. En los mismos inmuebles, los clientes podían adquirir cocaína. Todo esto generaba elevados beneficios económicos que eran redistribuidos entre los miembros de la organización criminal.

EVIDENCIAS

Durante la fase final de la operación, en la que se clausuró uno de los pisos, se ejecutaron cuatro registros en las provincias de Toledo (tres) y Madrid (uno), donde se hallaron evidencias de la actividad delictiva y material probatorio de gran relevancia para la investigación.

Posteriormente, se procedió a la detención de ocho personas en las provincias de Toledo (siete) y Madrid (una), tres de los cuales se encuentran en prisión provisional. En el interior de los inmuebles se localizó una suma superior a 7.000 euros en efectivo y se intervinieron 2 kilogramos de cocaína, parte de ella en roca pura y otra ya preparada en dosis para su distribución.

Asimismo, los agentes hallaron un laboratorio secundario para la producción de dicha sustancia con materiales específicos para el corte, manipulación y empaquetado de droga. En adición, se incautó abundante documentación relacionada con la actividad criminal, así como material informático y seis teléfonos móviles de los principales investigados.