Así lo exigió CEP en un comunicado emitido este miércoles, ante la polémica de las últimas horas en estas fiestas por un taller de ‘Técnicas aplicadas a la guerrilla urbana’, en el que se simuló el lanzamiento de artefactos incendiarios contra agentes de Policía.

CEP considera que se trata de “uno de los episodios más repugnantes de exhibición pública de odio, sectarismo y adoctrinamiento en la violencia” y que “una asociación organice en plenas fiestas de esa localidad catalana una recreación pública del ataque a un policía con cócteles molotov produce tal repugnancia ética y moral que exige una condena expresa, inmediata, inequívoca y contundente del Ayuntamiento”.

En esta línea, instó a la alcaldesa y al Pleno a “salir al paso sin perder un solo segundo y denunciar lo ocurrido, retirando desde este mismo momento cualquier subvención pública que esa asociación tenga”.

“De no hacerlo, serán cómplices de un escándalo que acredita que en esa Comunidad Autónoma persiste una corriente social cuyo único proyecto es la independencia y su imposición mediante la violencia”, advirtió la Confederación.

Además, lamentó que la simulación se hiciera en presencia de menores de edad, lo que apuntó que “exige la inmediata apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de Menores, para determinar las responsabilidades penales de aquellos padres que han permitido que sus hijos presencien y participen una exaltación pública de la violencia contra los policías”.

Del mismo modo, exigió “la apertura inmediata de diligencias de investigación penal por parte del órgano correspondiente de la Fiscalía” para esclarecer “el papel jugado por el colectivo organizador de este aquelarre contra los policías” y, en su caso, “incoar las diligencias previas necesarias que los responsables paguen por este miserable ejercicio de violencia”, que “evoca lo que en otras épocas no era más que terrorismo puro y duro”.

También reiteró su reclamación al Ministerio del Interior de “compromisos con los policías de Cataluña”. “Hechos, no palabras. Más retribuciones, mejoras en instalaciones, aumento de efectivos y medidas sociolaborales para estabilizar la permanencia de los policías en esas cuatro provincias. Menos cesiones de competencias y más defensa inequívoca y cerrada del papel de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en todas sus atribuciones, tanto las exclusivas como las compartidas”, ahondó.