En declaraciones a Servimedia, desde Jupol calificaron de “indignante” que el delegado solicite esa investigación, señalando tajantes que “se juzgan vídeos de una parte, pero no se tiene en cuenta lo que pasó allí”, incidiendo en que la Delegación da el visto bueno al operativo policial. Así, consideran “hipócrita” que la Delegación “se desmarque del dispositivo y después cuestione públicamente a los policías que ejecutaron el mandamiento judicial” y exigen a Martín que "deje de “lavarse las manos” con los dispositivos de orden público".

Recuerdan que el delegado del Gobierno es la “autoridad responsable”, dentro de sus competencias, “de la seguridad ciudadana y ostenta la jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Madrid”. De ahí que subrayen que, si Martín “considera que había que actuar de otra manera”, explique “qué instrucciones dio, qué información tenía y qué decisiones se adoptaron en el Centro de Coordinación”.

“Cuando hay que garantizar que se cumpla una resolución judicial, los policías son necesarios; cuando aparecen imágenes polémicas y sesgadas, algunos responsables políticos parecen querer desentenderse del dispositivo y señalar a los agentes”, afean desde Jupol. En este sentido, insisten en que es “especialmente grave” que se “pretenda trasladar toda la responsabilidad a los agentes”. Por ello, reclaman que cualquier actuación concreta que pueda ser objeto de investigación “se analice con todas las garantías, valorando el dispositivo en su conjunto, no solo imágenes de una de las partes, editadas y sesgadas”.

“Si algún agente se ha extralimitado, que se investigue y que se depuren las responsabilidades que correspondan”, insisten para mostrar su rechazo a que previamente “se condene públicamente a policías que estaban haciendo su trabajo”.

"LAS ÓRDENES VIENEN DE ARRIBA"

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) también se pronunció en los mismos términos, criticando que, “se haga lo que se haga o sea quien sea el que está al otro lado”, de una ideología u otra, parece que “siempre está mal hecho y la gente no ve bien que se use la fuerza”, para lo que está legitimada la Policía.

De hecho, ponen de relieve que el operativo se prolongó durante siete horas y media y que la Unidad de Intervención Policial (UIP) está “para intervenir” si es necesario, añadiendo que estos actúan a partir de unas órdenes previas y un protocolo que conoce el propio delegado. Y apuntan que durante muchas horas hubo “contención” hasta que determinados activistas se saltaron el cordón de seguridad o desobedecieron las órdenes de los agentes. “Esas órdenes vienen de arriba”, señalan mientras remarcan que los agenten solo “las cumplen”.

En este sentido, hacen hincapié en que fue “una intervención muy complicada, con personas que intentaban impedir el lanzamiento” y agentes que “tenían la obligación de garantizarlo”. Asimismo, también ponen de relieve que sea el propio delegado del Gobierno, “que tiene responsabilidades sobre la Policía Nacional en Madrid”, quien solicita una investigación “por posibles excesos policiales”. “No tenemos ningún problema con que se investigue”, apuntan mientras piden “que se investigue todo”: “Las actuaciones, las órdenes recibidas y las circunstancias en las que tuvieron que trabajar los agentes”. “No se puede juzgar una intervención de horas por unos segundos de vídeo”, recalcan.

“A ningún policía le gusta participar en el desahucio de una mujer de 87 años. Detrás del uniforme hay personas, con familias y sentimientos. Pero los policías no decidimos a quién se desahucia ni podemos acogernos a la objeción de conciencia para dejar de cumplir una resolución judicial”, zanjan desde el SUP.

Mientras, desde la Policía Nacional evitan valorar las palabras de Martín, señalando únicamente que suele ser habitual que estas investigaciones se produzcan tras una actuación de este tipo. Al mismo tiempo, fuentes del Cuerpo señalan que no se puede valorar una posible acción desproporcionada solo por uno vídeo. Y desde el Ministerio del Interior tampoco se pronuncian al respecto de la petición del delegado ni de un operativo que, recuerdan, es autorizado por un juez. Eso sí, fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska también hacen referencia a “imágenes descontextualizadas”.