Así lo manifestaron en un artículo de opinión publicado en el diario ‘El Mundo’ y remitido también a Servimedia por los portavoces de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad que en 2018 fueron los primeros en lograr un consenso para impulsar la reforma del artículo 49 de la Constitución por su redacción ofensiva para el colectivo de las personas con discapacidad.

En aquel momento, Jordi Xuclá del PdCAT, Carolina Telechea de Esquerra Republicana, Marisa Saavedra de Podemos, Joan Ruiz del PSOE, Paco Vañó del PP, Marcial Gómez de Ciudadanos, Íñigo Barandiarán del PNV e Íñigo Alli de UPN dieron el primer paso político para reformar el artículo 49 y en vísperas de que el Congreso de los Diputados lo apruebe esta semana destacan que esta es “la tercera reforma de la Carta Magna” pero “la primera de alcance social, liderada desde la sociedad”.

Los ocho vuelven a unir sus fuerzas para celebrar que cinco años después vaya a hacerse realidad lo que ellos pusieron en marcha “por unanimidad” y que “las repeticiones electorales han retrasado” hasta este momento. A su juicio, la modificación constitucional es necesaria para “superar el enfoque médico-rehabilitador de antaño hacia un modelo social más actualizado” para las personas con discapacidad.

Por eso, apelan “a la responsabilidad del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad” para que la reforma se apruebe en las Cortes Generales por unanimidad al entender que es “un deber colectivo que atañe a toda la sociedad”, dado que se trata de “una exigencia instalada hace muchos años en la agenda social” del Comité español de representantes de personas con discapacidad (Cermi) y de las más de 8.000 asociaciones del sector a las que representa.

REIVINDICACIÓN DEL ACUERDO Y EL PACTO

Los firmantes del artículo aplauden, en medio del clima actual de polarización, que “el espacio público de la discapacidad siga siendo el pegamento para el reencuentro de la política con la sociedad y con nuestro tiempo”. Y elogian que se está “a un paso definitivo de la primera reforma social de la Constitución española desde el acuerdo y el pacto”.

“Estamos a un paso de la tercera reforma de la Carta Magna. La primera de alcance social, liderada desde la sociedad. La primera que reactualiza y moderniza las directrices de hace casi cinco décadas. La primera reforma que expande y profundiza en derechos a las personas con discapacidad. Una oportunidad que puede redignificar el ejercicio de la política”, recalcan.

De hecho, recuerdan que “el apoyo a las personas con discapacidad se ha constituido en un singular lugar de encuentro de espacios ideológicos diferentes en los últimos diez años”, pues los diferentes partidos políticos han sido capaces de ponerse de acuerdo en diferentes momentos para modificar el Código Penal para abolir la esterilización forzosa de personas incapacitadas judicialmente, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad para regular la accesibilidad cognitiva, así como la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Incluso, rememoran que la única Ley Orgánica votada unánimemente en la Cámara Baja en los últimos 15 años fue para ampliar el derecho al sufragio a todas las personas con discapacidad, dado que había unas 100.000 que lo tenían restringido. Si estas iniciativas legislativas fueron posibles gracias al “consenso, acuerdo, pacto y compromiso de la política con la libertad y dignidad individual de las personas con discapacidad”, apuntan que debería ser igual “para esta reforma constitucional”.

También inciden en que el enfoque del nuevo redactado del artículo 49 pactado ahora por PP y PSOE va en línea con los “derechos humanos inherente a la dignidad de las personas, sea cual sea su condición acorde a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad del año 2006”.

“Hoy, las mismas personas con ideologías distintas, que dedicamos un tiempo de nuestras vidas al servicio público, volvemos a reencontrarnos en este texto para saludar la proposición de Ley de Reforma de la Constitución Española registrada recientemente en la Cámara Baja en la misma dirección que ya fuimos capaces de concretar en octubre de 2018”.

“Apelamos al mismo consenso que fuimos capaces como exportavoces para lograr la primera reforma social de nuestra Carta Magna. Es una petición avalada por los 4,32 millones de personas con discapacidad o los más de 12 millones de personas que conviven directamente en sus entornos familiares. En esencia es un mandato de toda la sociedad civil y cívica”, subrayan en un llamamiento a la responsabilidad y a la unidad de los compañeros que ahora ocupan escaño en las Cortes Generales.

En su opinión, en la sociedad existe un amplio respaldo a esta actualización de la Constitución, por lo que los exparlamentarios esperan “que el mismo marco de acuerdo que existe en la opinión pública llegue a su debate y votación parlamentaria sin que se perturbe de otras cuestiones alejadas del foco de esta reforma social”.