A partir de los balances de actividad comunicados por distintos servicios de salud autonómicos tras los paros de diciembre, la Plataforma indicó que se estima que el seguimiento de esas huelgas impactaron a nivel nacional en más de 450.000 consultas externas canceladas y entre 10.000 y 12.000 intervenciones quirúrgicas pospuestas. A ello sumó el retraso de unas 50.000 pruebas diagnósticas, "fundamentales para la detección temprana y el seguimiento de patologías graves".

La POP apeló, en consecuencia, "a la responsabilidad y al compromiso de todas las partes para evitar que el conflicto laboral derive en un deterioro irreversible de la salud de los pacientes" y afirmó que "cada consulta anulada no es solo un dato estadístico; es una demora en un tratamiento o un diagnóstico que genera angustia y empeoramiento de la calidad de vida, una pérdida de oportunidad".

Además, subrayó que el derecho a la salud "debe estar por encima de cualquier disputa, por lo que los pacientes no pueden estar sufriendo estas demoras en el tratamiento de su salud, ya que les afecta en su enfermedad, sus trabajos, familias y en su salud mental".

La Plataforma insistió en que "hay que negociar y dialogar", por lo que se puso al servicio de las partes "para conocer de primera mano qué está pasando y cómo esas discrepancias comprometen la salud de los pacientes".

También reiteró su disposición a "actuar como interlocutor" para que el compromiso con la sanidad pública y la protección de los pacientes sea el eje central de las negociaciones que se retomarán este mes de enero.

La POP señaló que el SNS "requiere de una buena gobernanza, del compromiso de todos para mejorarlo, priorizando su razón de ser, los pacientes" y recalcó que la sanidad es un "servicio esencial".

Por lo tanto, indicó que las administraciones "deben establecer servicios mínimos" —publicados en los boletines oficiales autonómicos— que determinan las garantías asistenciales durante las convocatorias y, en este sentido, reclamó "máxima transparencia, información anticipada y comunicación proactiva sobre mínimos, cambios de agenda y procedimientos de reprogramación".

Finalmente, recordó a los pacientes que tienen derecho a reclamar si el retraso en las pruebas o tratamientos perjudica su estado de salud (con empeoramiento o pérdida de oportunidad), mediante la presentación de una reclamación en Atención al Paciente o ante el Defensor del Paciente del servicio de salud de su comunidad autónoma.