La POP considera especialmente relevante que esta protección alcance al entorno de los centros sanitarios, sociales y educativos, y que las restricciones se apliquen también a los cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados. "La exposición involuntaria al humo y a los aerosoles no es una cuestión de elección individual y puede tener consecuencias especialmente graves para las personas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares, oncológicas y otras patologías crónicas", argumentó.

Cree, además, que el impacto del tabaquismo debe abordarse desde la perspectiva de la cronicidad. El Informe del Observatorio de Atención al Paciente de la POP recuerda que factores de riesgo como el consumo de tabaco, el sedentarismo y el consumo nocivo de alcohol están relacionados con alrededor del 80% de las enfermedades coronarias y cerebrovasculares. Asimismo, el Informe 2024 del Observatorio señala que el 54,3% de la población española mayor de 15 años tiene diagnosticada alguna enfermedad crónica, lo que refleja la dimensión sanitaria y social que deben tener las políticas de prevención.

“Ampliar los espacios sin humo es una medida necesaria para proteger la salud de toda la población, pero especialmente la de quienes ya conviven con una enfermedad crónica. Nadie debería tener que evitar una terraza, la entrada de un hospital o cualquier otro espacio compartido porque respirar humo o aerosoles ajenos pueda agravar su estado de salud”, señaló la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Carina Escobar.

La organización valoró también la protección específica de la infancia y la adolescencia, tanto mediante la prohibición expresa del consumo por parte de menores como a través de las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio. Según los datos difundidos por el Ministerio de Sanidad, el 49,5% de las personas de entre 14 y 18 años ha probado alguna vez cigarrillos electrónicos, mientras que su consumo durante el último mes ha aumentado del 14,9% en 2019 al 27,1% en 2025.

La POP adviertió de que las nuevas formas de consumo de nicotina —como los vapeadores, los cigarrillos electrónicos o el tabaco calentado— pueden favorecer la normalización del consumo y actuar como puerta de entrada a la adicción, especialmente entre las personas más jóvenes. Por ello, reclamó una estrategia integral que aborde de manera coherente tanto el tabaquismo tradicional como los nuevos productos relacionados.

"Las medidas regulatorias deben acompañarse de educación para la salud y de un apoyo suficiente para abandonar el consumo", añadió la POP, que reclamó por ello que el Sistema Nacional de Salud ofrezca, en condiciones de equidad, asesoramiento, seguimiento y acceso a tratamientos eficaces de deshabituación tabáquica, mediante una respuesta multidisciplinar y adaptada especialmente a las personas con enfermedades crónicas o en situación de mayor vulnerabilidad.

“La futura ley no puede limitarse a establecer prohibiciones. También debe ofrecer información, acompañamiento sanitario y acceso equitativo a los tratamientos para dejar de fumar. Hay que ayudar a las personas sin culpabilizarlas ni estigmatizarlas”, subrayó Carina Escobar.

La Plataforma considera igualmente necesario reforzar la investigación sobre el impacto específico del tabaquismo en las personas con necesidades crónicas de salud. Disponer de datos fiables y actualizados, desagregados por patologías y características de la población, permitirá diseñar intervenciones más efectivas y evaluar adecuadamente sus resultados, apuntó.

Además de sus consecuencias sanitarias y económicas, la POP recordó que la producción y el consumo de tabaco generan un impacto ambiental considerable, asociado a la deforestación, la contaminación del suelo, el agua y el aire y la generación de residuos. Por tanto, la prevención del tabaquismo contribuye a la protección de la salud, a la sostenibilidad del sistema sanitario y a los objetivos ambientales desde una perspectiva de salud integral.

La POP pidió que durante la tramitación parlamentaria se escuche a las organizaciones de pacientes y que la aplicación de la futura norma cuente con recursos adecuados, criterios homogéneos en todas las comunidades autónomas y mecanismos para evaluar sus resultados. En este sentido, valoró favorablemente la recuperación del Observatorio para la Prevención del Tabaquismo y consideró necesario incorporar en él la perspectiva de los pacientes y de las personas con enfermedades crónicas.

Asimismo, la POP considera que la tramitación parlamentaria debe servir para reforzar el texto con medidas de eficacia demostrada en la prevención del consumo de tabaco y productos relacionados, como una fiscalidad orientada a desincentivar especialmente el inicio del consumo entre menores y jóvenes, y el avance hacia el empaquetado genérico. Ambas medidas pueden contribuir a reducir el atractivo de estos productos, limitar su capacidad promocional y reforzar la protección de la salud pública, concluyó.