El Banco de España reconoció ayer, al facilitar los datos sobre los Activos Líquidos en Manos del Público del mes pasado, que la expansión del efectivo "puede haber estado relacionada con la liquidación de activos que se ha producido con motivo de la regularización fiscal".

El incremento del efectivo refleja la actitud de aquellos titulares de pagarés del Tesoo y Forales que han preferido quedarse al margen de la regularización, guardar el dinero en el "calcetín" y mantenerse a la espera, en lugar colocarlo en alguna entidad financiera, por temor al control que la Administración ejerce sobre ellas.

Así parece confirmarlo el dato, sobre el que el Banco de España también llama la atención, de que los depósitos sólo crecieran un 4 por ciento en enero, debido fundamentalmente al estancamiento de los de la banca privada.

El aumento del efectivo ha sido unaconstante a lo largo de los últimos años, como vía de evasión tributaria, ante las medidas adoptadas por el Gobierno, como la implantación del NIF, para impedir la ocultación fiscal al amparo del sistema financiero.

Según los últimos estudios realizados por el Banco de España, las empresas y particulares mantienen atesorado entre el 20 y el 44 por ciento del efectivo (monedas y billetes) en circulación, una proporción anormalmente alta en relación a los países de la CE.

En el caso de los billetes el porcentaje atesorado representa en España el 28 por ciento del total teóricamente en circulación, mientras que en los países de nuestro entorno no excede del 5 por cien.

El fenómeno de atesoramiento se agudizó a partir de 1985 y, a finales de 1991, el Banco de España estimaba que la cantidad escondida desde entonces en el "calcetín" se situaba entre 900.000 millones de pesetas y 1,3 billones.

El caracter fraudulento de este fenómeno parece confirmado por el dato de que los momentos de mayor aesoramiento coincidieron, durante la década de los ochenta, con periodos de incertidumbre político-fiscal.

Así, los incrementos se produjeron coincidiendo con la victoria electoral del PSOE en 1982, la promulgación de la Ley de Activos Financieros de 1985, la implantación del IVA en 1986, la persecución de los seguros de prima única en 1989 y el anuncio de la regularización fiscal, a finales de 1990.