Según los datos difundidos este miércoles por Endesa, las recargas realizadas en estas instalaciones sumaron 57,5 gigavatios hora durante el pasado año, energía suficiente para recorrer 319 millones de kilómetros, el equivalente a dar casi 7.900 vueltas a la tierra y evitar la emisión de 55.700 toneladas de CO2.

La tarifa TDVE se aplica a los titulares de puntos de recarga de acceso público (operadores de recarga, ayuntamientos, parkings abiertos al público, estaciones de servicio, etc.) y durante el pasado año, los suministros con tarifa TDVE en la red de distribución de Endesa aumentó un 28%.

Endesa explicó que las empresas distribuidoras son claves en el desarrollo de la red de recarga ya que se encargan de conectar a la red eléctrica la acometida que alimenta a los cargadores de las diferentes empresas que desarrollan este negocio, conocidas como CPO (Operador de puntos de recarga). La filial de redes de Endesa opera como compañía distribuidora en Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña y parte de Extremadura, zonas que concentran el 45% de los puntos de recarga en la vía pública, según los datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive).

Cualquier promotor, negocio o comercio con acceso a zonas de aparcamiento desde la vía pública puede instalar puntos de recarga. Si la potencia contratada es suficiente, no hace falta tramitar nada con la distribuidora. Si se necesita más potencia, la gestión se realiza a través de la comercializadora. Si un tercero (empresa CPO) gestiona el punto en un negocio de terceros, deberá solicitar un nuevo suministro a la distribuidora.

Quienes promueven los puntos de recarga son los organismos públicos (vía licitación) y terceros (comercios, negocios…) sin necesidad de licitación pública. La empresa adjudicataria debe ser un CPO.