Fuentes populares lanzaron esta oferta cara al debate en el Pleno de este miércoles de tres decretos (ómnibus, reforma del paro y anticrisis) que pueden decaer ante los reparos que están poniendo partidos como Junts y Podemos

Desde la formación de Alberto Núñez Feijóo se anunció con claridad el voto contrario contra el llamado decreto ómnibus, que incluye medidas de digitalización de la Justicia y que el Gobierno liga a la llegada de 10.000 millones de fondos europeos.

El PP también anunció que, si el Gobierno no acepta modificaciones a la iniciativa para combatir la inflación, votarán en contra “tanto a ese decreto como a los demás”. Asimismo, los populares presentarán alternativas a los tres decretos que se someterán a votación.

NO A LOS “ATAJOS”

Respecto a la iniciativa gubernamental con medidas anticrisis, los populares señalan que estudiarían una abstención “en caso de que el Gobierno acepte” introducir determinados cambios.

Así, desde la sede de la calle Génova se reclama deflactar la tarifa del IRPF a las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros; bajar el IVA a la carne, el pescado y las conservas; y reconsiderar la subida del IVA a la luz y el gas, especialmente a las rentas más bajas.

Según los populares, “el Gobierno tendrá que convencer a Podemos de que subir la luz a los más necesitados es progresista y al resto de sus socios de que el decreto ómnibus que presenta es consecuente con sus pactos de investidura”.

Esta alusión del PP al decreto ómnibus y los “pactos de investidura” alude a que este texto legal incluye un aspecto que Junts considera que puede afectar a la ley de amnistía. En concreto, se reforma un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que plasma en la legislación nacional que una norma puede ser suspendida si un juez la recurre ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), algo que seguramente ocurrirá con el borrado de delitos para los independentistas catalanes.

Precisamente, respecto al decreto ómnibus, el PP considera que “la reforma de la Justicia no puede hacerse por real decreto”. Para este partido, “las normas se diseñan y debaten en la sede del poder Legislativo, y sus competencias no pueden ser sustituidas por las de un Gobierno en minoría que pretende sobrevivir con atajos”.