Pastor argumentó en rueda de prensa que no sirve de nada saber que más de 48.000 personas en situación irregular han solicitado hasta el momento su permiso de residencia en España si no se conoce la cifra real de cuántas de ellas cuentan ya con un contrato laboral y con un permiso de residencia.

Dijo, además, que el proceso presenta indicios de oscurantismo al desconocerse, por ejemplo, los requisitos necesarios para acogerse a él cuatro días antes de ponerse en marcha y al no recoger, entre otros aspectos, los referidos a la situación particular de inmigrantes estudiantes o a la de quienes están contratados por medio de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT).

Por otra parte, Ana Pastor manifestó que su partido no puede estar de acuerdo con la política de inmigración del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, porque está generando un efecto llamada "real" y "reconocido por todos" cuyas consecuencias son el incremento de empadronamientos de inmigrantes.

El proceso actual "regulariza a la persona que trabaja, pero no a su familia", indicó Pastor, quien añadió que la preocupación que este problema suscita en el PP es la misma que se vive en Europa.

Este proceso, continuó, está produciendo "perjuicios para los propios inmigrantes", que presentan muchas veces documentos falsificados, reciben ofertas de contratos por 3.000 euros o ven rota la relación laboral ilegal con su empresario.

La secretaria ejecutiva de Política Social del Partido Popular pidió a Caldera que explique cómo se va a gestionar la situación de los inmigrantes que hayan llegado a España después del mes de agosto del año pasado, que no pueden acogerse a esta vía de regularización.

Por su parte, la portavoz de Inmigración del PP en el Congreso, Angeles Muñoz, calificó de "nefasta" la política de inmigración del actual Ejecutivo, a quien acusó de no contar con las instituciones autonómicas y locales a la hora de gestionar este problema, instituciones que, según Pastor, hacen realmente la política de inmigración.