En unas declaraciones difundidas por el PP, Juan Bravo atacó al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, al que acusó de tratar de “tapar” la polémica por la financiación singular “de separatistas con argumentos como el ‘dumping’ fiscal del que acusa a la Comunidad de Madrid.

Bravo aseveró que es un argumento que utiliza para intentar desviar la atención hacia lo realmente importante, que a su juicio es que “los españoles estamos sufriendo un auténtico infierno fiscal”.

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP esgrimió que, si se compara el año 2024 con el año 2018, “el conjunto de españoles hemos pagado 140.000 millones más en impuestos y cotizaciones sociales, 2.500 euros más por español”.

En este año, agregó, si se analizan los seis primeros meses con datos de la Agencia Tributaria, “entre impuestos y cotizaciones, hemos pagado otros 18.000 millones más”, y de igual forma si se hace una proyección a final de año, “ya no hablaremos de 140.000 millones más, hablaremos de 170.000 millones de euros más que paga que pagaremos los españoles en el año 2025 en comparación con el 2018”.

Esto significa, según Bravo, que los ciudadanos cuentan con menos poder adquisitivo, principalmente las rentas medias y las rentas más bajas, “que tendrán mayores dificultades para cometer la cesta de la compra, para pagar los recibos de la luz, del agua, del gas o para poder disfrutar de unas vacaciones”.

Por ello, abogó por “hacer una reforma fiscal que lleve una rebaja de impuestos para que los españoles tengan más poder adquisitivo”.

SISTEMA ALIMENTARIO

Por otra parte, el dirigente del PP explicó que su formación presentó en el Senado una proposición de ley que persigue que el sistema alimentario sea considerado “un ámbito estratégico y esencial para nuestra actividad económica”.

Bravo relacionó la propuesta con la entrada en vigor de los aranceles del 15% decretados por EEUU, antes los que dijo que “nuestros agricultores, nuestros ganaderos y nuestro sector pesquero necesitan ese apoyo en un momento tan difícil”.

La proposición de ley propone considerar el sistema alimentario como estratégico y esencial dentro de la actividad económica. Además, busca asegurar el suministro y la seguridad de los alimentos, “sobre todo en situaciones especiales de crisis”. Finalmente apuesta por dotar de los instrumentos necesarios que permitan la sostenibilidad y la rentabilidad de la agricultura, la ganadería y la pesca y de sus empresas.