Así se pronunció Rafael Hernando en la sesión de la Diputación Permanente de la Cámara Baja, durante la defensa de la solicitud del PP de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante el Pleno de la Cámara, para dar explicaciones sobre el proceso extraordinario de regularización de migrantes.

Hernando aseveró que la crisis que vive Ceuta por la entrada masiva de migrantes desde Marruecos es “el epítome de una desastrosa política de inmigración”. En su opinión, la muestra “más palmaria” es el “decretazo” para la regularización “masiva de inmigrantes en situación de ilegalidad en España”.

El diputado del PP consideró que “es una medida antidemocrática impulsada unilateralmente por el sanchismo” con el doble objetivo de “tapar la corrupción que arrecia contra el Gobierno e intentar colocar un ladrillo más en el muro de la polarización”.

Desde el PP reclaman la comparecencia de Marlaska esgrimiendo que las estimaciones indicaban que el proceso extraordinario de regularización de migrantes afectaría a 500.000 personas, pero denuncia que ha habido más de 1,2 millones de solicitudes.

APOYO DE JUNTS Y RECHAZO DE BILDU

En el turno de fijación de posiciones, el diputado del PNV Mikel Legarda avanzó que no apoyaría la solicitud del PP, al considerar que se trata de un asunto que puede ser tratado en el periodo ordinario de sesiones.

Por Bildu, Oskar Matute señaló que su grupo tampoco apoyará la solicitud de comparecencia y declaró que “si hasta hace bien poco las citas obligadas del verano parece que eran la foto de los Borbones en Marivent o las andanzas del ‘Bribón’ en la Copa España de Vela, pues ahora se le suma esta especie de rendición de cuentas generalizada” que se pide al Gobierno al final del verano.

Marta Madrenas, de Junts, aprovechó su turno para criticar el proceso regulatorio y aseguró que “el problema de fondo” es que el Gobierno que lidera Pedro Sánchez “no tiene una política migratoria seria”. A su juicio, “mientras Sánchez sigue presentando a España como una excepción virtuosa, cada vez son menos quienes compran su relato”.

El portavoz de IU y diputado de Sumar Enrique Santiago defendió el proceso de regularización y cargó contra el PP por solicitar la comparecencia de Marlaska por el registro de 1.2 millones de solicitudes, sin esperar a saber cuántas personas van a ser regularizadas.

Santiago ironizó con que los diputados del PP “son los únicos que no sabían que las empleadas de hogar que cuidan a sus hijos y limpian sus casas no tenían documentos ni derechos”, o que “los trabajadores manuales que les hacen las chapuzas en casa eran sin papeles”.

Una posición muy diferente fue la de Vox, que defendió su diputado Ignacio Gil Lázaro, quien subrayó que apoyarán la solicitud de comparecencia del titular del Interior, y fue más allá al solicitar “derogar el nuevo reglamento de extranjería y dejar sin efecto el proceso de regularización extraordinaria”.

Asimismo, Gil Lázaro subrayó que Vox aboga por impulsar la ‘reemigración’ a los países de origen de “aquellos que vivan de manera continuada de las distintas ayudas y servicios sociales”, de los que “hagan del delito su forma de vida” o los que “traten de imponer sus costumbres que no son las nuestras”.

También, señaló, Vox reclama aumentar el periodo mínimo de residencia temporal legal a 10 años para adquirir el derecho a la residencia de larga duración, así como para iniciar el cómputo para la adquisición de la nacionalidad una vez que se obtiene ese permiso de larga duración.

Para concluir el debate, el diputado socialista Luc André Diouf alegó que el actual proceso de regularización extraordinaria es “el séptimo en nuestra historia democrática”, y criticó que los miembros del PP “que gobernaron y aplicaron regularizaciones", no apoyaron el proceso desoyendo “a los sindicatos, a los empresarios, a los colectivos y a la propia Iglesia católica cuando denunciaban precariedad y semi esclavitud”.