Así lo confirmó la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, quien puso de relieve que la decisión del magistrado de citar como investigado al expresidente es un hecho de "extrema gravedad política e institucional" que "no puede pasar sin respuesta". De hecho, señala que el auto es "contundente", poniendo el foco, entre otros, en la referencia que se hace a la existencia de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. O en conversaciones en las que se afirma que "Zapa es nuestro contacto" o "mañana Zapatero interviene directamente".

"Esto va más allá de Plus Ultra", dijo tajante García, quien añadió que el auto judicial describe una "red estable de influencia política y económica actuando alrededor del poder, de las instituciones y del dinero público". Así, no dudó en insistir en que "no es un problema judicial de Zapatero", sino "un problema político de Sánchez y su Gobierno". Muy dura, y en la línea en la que se ha venido pronunciando el PP desde que se conoció la imputación, la portavoz popular aseguró que si Zapatero "pudo hacer todo esto" es porque "el Gobierno de Sánchez le abrió la caja con el dinero de los españoles y le dejó barra libre para sus negocios".

Por ello, hizo hincapié en que "Sánchez y los suyos han salido a defender a Zapatero" porque "es una forma de proteger a Sánchez". "Cuando un presidente del Gobierno protege al investigado antes que a las instituciones, el problema deja de ser individual y pasa a ser estructural", remarcó.

Por todo ello, y tras recordar las causas judiciales que afectan tanto al PSOE como al Gobierno, García anunció esa "ofensiva total" en la comisión de la SEPI con cuatro nuevas comparecencias para "seguir destapando lo que el Gobierno de Sánchez quiere esconder".

En concreto, la dirigente popular detalló que llamarán a la asistente de Zapatero, Gertrudis Alcázar, quien, aseguró, "impartió instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái y participó en las gestiones realizadas ante organismos públicos". Tras ella citó a Cristóbal Cano, "el gestor de Julio Martínez", quien, dijo, "actuó como enlace diario del entorno societario controlado" por el empresario. "Los fontaneros del sistema financiero para mover el dinero ilegal del rescate de Plus Ultra", subrayó.

Pero también solicitarán la comparecencia del exministro José Luis Escrivá porque, según el auto, Plus Ultra "no podía ser rescatada si tenía una deuda con la Seguridad Social", aunque tras una reunión entre Zapatero y Escrivá, "y por arte de magia, la deuda se aplazó y el rescate se desbloqueó". Quieren que Escrivá explique "quién le dio la orden de reunirse con Zapatero", "quién le exigió que hiciese desaparecer la deuda de Plus Ultra cuando miles de autónomos no podían hacerlo" y "si su ascenso al Banco de España tiene que ver con este movimiento".

Por último, García también señaló a Manuel Fajardo, el "lugarteniente de Zapatero en Venezuela", para que explique "por qué contactó Plus Ultra con él, qué necesitaban, qué ofrecieron a Zapatero y qué aceptó". Tajante, la senadora del PP zanjó su intervención apuntando que "Zapatero construyó un sistema de corrupción piramidal en el que implicó a todo su círculo, desde el Gobierno de Sánchez hasta su propia asistente".