En la actualidad, rigen Estatutos del XVIII Congreso Nacional, que tuvo lugar del 10 al 12 de febrero de 2017 en Madrid bajo el mandato de Mariano Rajoy. Le siguió el XIX Congreso, que se celebró los días 20 y 21 julio de 2018 de forma extraordinaria y fue en el que se proclamó a Pablo Casado como líder del PP tras la moción de censura que arrebató el poder al PP.

El pasado 1 de marzo, la Junta Directiva Nacional del PP convocó el XX Congreso Nacional, que se celebrará también de manera extraordinaria los días 1 y 2 de abril. La profunda crisis que ha experimentado el PP ha llevado a Casado a aceptar la exigencia de adelantar el cónclave, que tocaba en julio de manera ordinaria.

De hecho, el artículo 32 de los Estatutos del PP fija que “en los Congresos extraordinarios no será obligatorio el debate de ponencias”. No obstante, Cayetana Álvarez de Toledo, exportavoz del PP en el Congreso de los Diputados, pidió el pasado martes en la Junta Directiva Nacional “una profunda meditación estratégica e ideológica”.

Álvarez de Toledo defendió que esto pasa por “una ponencia política” en el cónclave de Sevilla, para que sea algo más que “un Congreso de sustitución de un líder por otro”. Así, propuso la inclusión en el orden de día del Congreso de abril una ponencia que defina con claridad la posición estratégica e ideológica del PP y “que refuerce el mandato de la próxima dirección”.

PLAZOS

A este respecto, el presidente de la Comisión Organizadora del Congreso, Esteban González Pons, confirmó entonces que al tratarse de un Congreso extraordinario y urgente, los plazos con los que van a trabajar “no permiten redactar una ponencia, debatirla, enmendarla y poderla aprobar con todas las garantías”.

Por ello, González Pons reconoció que “tendrá que ser en otro Congreso posterior” en el que se afronte la redacción de una Ponencia política o de una de Estatutos, que incluso puede ser “más necesaria”. Ahora, justificó que no se haga dado que se opera con “plazos muy cortos” y en 30 días hay que elegir a una nueva dirección.

“Lamentablemente, en este Congreso no ha lugar al debate profundo sobre ideologías, que tendrá que esperar a una Convención o a un Congreso posterior”, resumió el presidente de la Comisión Organizadora del Congreso que tendrá lugar en Sevilla los días 1 y 2 de abril.

Fuentes populares consultadas por Servimedia reconocen “la necesidad” de que el partido trabaje en una ponencia ideológica y también en cambios estatuarios, pero argumentan que “no cabe” en este momento “extraordinario”. Por tanto, señalan que tendrá que ser el nuevo líder del PP el que determine en qué momento piensa convocar un Congreso Nacional.

“Decidirán los que vengan”, resumen las citadas fuentes, que no creen que la prioridad de la nueva cúpula vaya a ser meterse de lleno en organizar un nuevo Congreso tras celebrarse el extraordinario de abril. En este contexto, voces en el PP alertan de que hay que “definir claramente” el proyecto para “consolidar la alternativa”.

NUEVE AÑOS

Sin embargo, los Congresos ordinarios del partido se celebran cada cuatro años, según el artículo 31.1. de los Estatutos, por lo que la formación podría incluso llegar a estar hasta abril de 2026 −nueve años− sin actualizar sus normas internas y sin debatir y adoptar cambios en sus principios ideológicos.

El artículo 2.2. de las normas internas del partido explica que mediante las ponencias los Congresos Nacionales “afirman, actualizan y contextualizan los principios, valores, ideario y prioridades del partido que inspiran sus programas electorales y de gobierno en su firme cumplimiento basado en las necesidades de los españoles”.

Además, las ponencias “vinculan la actuación de su estructura de partido e implantación territorial a la participación ciudadana y a una mejor conexión con la sociedad a la que sirven y escuchan para ser defensores de sus demandas”.

Igualmente, estas ponencias que solo se aprueban en Congresos del partido “ofrecen un código político y ético a los cargos públicos del Partido Popular y las líneas generales de actuación del partido en las distintas instituciones en función de los programas, con la finalidad de prestar unos servicios públicos eficientes y de calidad, mejorar el bienestar de los ciudadanos y su calidad de vida, así como ejercer una gestión sostenible, eficaz y transparente”.