Ribera pidió este viernes, en declaraciones a TVE, cautela ante las actuaciones del juez García Castellón porque “nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en la misma dirección y suele salir a colación en momentos sensibles".

Fuentes del PP subrayaron que “es de una gravedad extrema que una vicepresidenta del Gobierno insinúe que hay jueces que prevarican en su toma de decisiones” tras sus declaraciones en una entrevista en TVE recogida por Servimedia.

Sobre esta cuestión se pronunció en sus redes sociales el portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, quien habló de un “ataque” del Gobierno a la división de poderes, lamentó que “la defensa de los políticos independentistas a costa” del “Estado de Derecho sigue su escalada”, y denunció la similitud entre el discurso del PSOE y los de Junts y ERC.

“El sanchismo asume el discurso independentista de que la Justicia no es imparcial y Ribera pone voz a los que dicen que en España hay ‘lawfare’”, apostillaron desde Génova. “Duele ver al Gobierno de nuestro país recitar el argumentario independentista, desprestigiando de paso nuestro sistema democrático. Cada vez cuesta más diferenciar las declaraciones que hacen los dirigentes del PSOE de aquellas que hacen los de ERC o Junts”.

En este sentido, subrayaron que los socialistas “no cuestionaban la imparcialidad del juez García Castellón cuando instruía casos como Púnica, Lezo o Kitchen”, y pidió al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, si “opina como Ribera”. “Su silencio y el de Sánchez confirmarían que el PSOE ya no cree en aquellos estamentos de la Justicia española en la que no haya un juez o magistrado elegido directamente por el presidente del Gobierno”, concluyeron.

Esta reacción del principal partido de la oposición se produce después de que Ribera pidiese cautela al juez García Castellón en sus actuaciones porque “nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en la misma dirección y suele salir a colación en momentos sensibles".

Todo ello después de que el juez de la Audiencia Nacional viese "afianzada" la tesis inicial por la que pide imputar a Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña y prófugo de la Justicia, y Marta Rovira, secretaria general de ERC, por presuntos delitos de terrorismo en el marco de la causa de 'Tsunami Democràtic'.