Martínez señaló que el proyecto no acierta en el tratamiento de las viviendas de renta antigu, ya que debería acercar más los alquileres a los precios de mercado en los casos en que no sea un pensionista, un parado o una persona con pocos recursos económicos.

Para la portavoz popular, el proyecto va en la dirección correcta al limitar las subrogaciones y dar un trato diferenciado a las viviendas y a los locales comerciales, protegiendo más a los inquilinos de las primeras que a los de los segundos.

Sin embargo, recalcó que la ley no valora adecuadamente el fondo de comercio (el prestigiodel establecimiento) generado por la inversión y el trabajo del comerciante, y que podría perder en pocos años, sin compensación, en el caso de que no acepte la actualización del alquiler.

Por otra parte, Martínez señaló que el llamamiento al consenso formulado por el ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, se contradice con su "reiterada negativa" a facilitar a los grupos parlamentarios la información de que disponen sobre la situación de los alquileres en España.

A su juicio, es actitud socava la necesaria confianza de la oposición y el conjunto de los ciudadanos para lograr un amplio acuerdo social en torno a esta ley, a lo que también contribuye "que el Gobierno haya necesitado un año para convencer al PSOE de la bondad de esta norma".

La portavoz popular subrayó la dificultad de llegar a un acuerdo con el Gobierno porque "en la actual legislatura el Partido Socialista nunca ha aceptado una propuesta razonada y siempre quiere que el consenso consista en asumir los documents que presenta".

No obstante, expresó su confianza en que sea posible alcanzar "el mayor acuerdo posible, porque esta debe ser una ley que tenga una vigencia larga. Nosotros estamos dispuestos a poner nuestras propuestas encima de la mesa, pero lo que no aceptamos es que se pretenda jugar con nosotros con las cartas marcadas, y no darnos toda la información".