Génova considera que, según la Ley 3/2015, de 30 de marzo reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, “Sánchez debió ausentarse de las deliberaciones y votaciones del Consejo de Ministros” que trataron asuntos relacionados con la aerolínea española, con la que se comprometieron un total de 795 millones de euros en los últimos cinco años, según el principal partido de la oposición.

Al no hacerlo, habría cometido, según la tesis de los populares, "una infracción grave tipificada" que se traduciría en "una sanción de imposibilidad de ocupar un puesto de alto cargo durante un período de entre cinco y diez años".

En la exposición de hechos, Génova señala que IE Africa Center, con Begoña Gómez como directora, tuvo una actividad "reducida" y con eventos "esporádicos". Según su conocimiento, entre agosto de 2018 y junio de 2022, el equipo solo estaba compuesto por la esposa de Sánchez y tres socios: la Ford Foundation, la Organización Mundial del Turismo y Globalia, matriz de Air Europa.

Y, de tales socios, los populares señalaron que "el único que parece haber financiado las actividades del IE Africa Center es Globalia, financiación que hizo a través de Wakalua", según "la información pública disponible".

INFORMAR A LA FISCALÍA

Con esta información, fuentes del PP señalaron que confían en que la Oficina de Conflictos de Intereses actúe "con criterios de independencia y objetividad", aunque dependa del Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública. Indicaron, además, que esperan esta Oficina no se guíe por las "mismas actitudes proteccionistas y sectarias en favor del Gobierno" como las que, "lamentablemente", ya rigen "en el CIS de Tezanos o en la Fiscalía General del Estado, por citar tan solo dos ejemplos".

En la denuncia, el PP solicita también a la Agencia Tributaria, a los órganos gestores de la Seguridad Social y a los servicios públicos de empleo la información de que dispongan para determinar la naturaleza de la relación jurídica que existía entre el Instituto de Empresa y Begoña Gómez, así como de las retribuciones percibidas por la esposa del presidente.

Y por último, el escrito pide que, "si de la información recabada se hubiera incurrido en responsabilidad penal", se dé traslado a la Fiscalía "dada la vinculación de alguna de las empresas con investigaciones judiciales en curso", en concreto, la de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL y Air Europa en el 'caso Koldo'.