Estas declaraciones se produjeron durante el debate en el Pleno de la Cámara Alta del dictamen del proyecto de Ley Integral de Impulso a la Economía Social, en la víspera de que este miércoles se voten numerosas enmiendas, teniendo en cuenta que el PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado y que podrá incorporar los cambios que desee que, eso sí, tendrán que ratificarse en el Congreso antes de que el texto se remita al Boletín Oficial del Estado (BOE).

El senador del PP Bienvenido de Arriba destacó el “compromiso” del PP con la economía social, partido del que dijo que ha adoptado medidas clave como la ley de cooperativas, mientras que también ha participado en “todos los consensos”. Asimismo, apuntó que ellos creen en el “diálogo”, el “consenso” y las posibilidades de mejora de las leyes, pese a “las malas artes” del Ejecutivo de coalición.

En su intervención, criticó que el Gobierno haya reformado conjuntamente las leyes de economía social, de empresas de inserción y de cooperativas. “Esta legislatura pasará a la historia por las trampas procedimentales y las decisiones destinadas a impedir el normal funcionamiento del Parlamento”, cargó de Arriba, quien ligó esta circunstancia al “deterioro institucional” que, a su criterio, se está sufriendo con este Gobierno.

“Nunca antes se habían visto tan limitados nuestros derechos parlamentarios, nunca antes se habían congelado de forma sistemática las leyes aprobadas en esta Cámara, nunca antes se había intentado convertir el Parlamento en una simple oficina de validación de decisiones tomadas fuera de las Cámaras”, deploró el senador.

Tras ello, explicó que su partido quiere mejorar la ley, por lo que ha presentado enmiendas que avanzan en esta línea, como la “defensa” del sector primario, un ámbito que dijo que necesita menos “trabas innecesarias, reforzar la seguridad jurídica y favorecer el crecimiento de las entidades de la economía social”.

“Hemos propuesto simplificar trámites administrativos de las cooperativas y eliminar la obligatoriedad de las webs para determinados casos, facilitar la gestión permitiendo planes de igualdad conjuntos o eliminar algo muy importante, la dotación del fondo de reserva obligatorio para evitar que se frene el desarrollo y crecimiento de las cooperativas”, ahondó.

Flexibilizar las obligaciones de las empresas de inserción en situaciones de pérdidas y reconocer el papel “singular” de la ONCE son otras de las finalidades de las enmiendas de los ‘populares’.

Con críticas al texto se manifestó también la senadora de Vox Paloma Gómez, quien avisó de que esta ley “se puede utilizar para seguir expandiendo un entramado institucional de consejos, observatorios, registro y órganos consultivos que, lejos de facilitar la actividad de la empresa, la entorpezca”.

COHERENCIA DE LA LEY

La senadora del PSOE María Teresa Pérez arrancó su intervención dejando claro que tratar esta ley es de las cosas que permiten que “merezca la pena dedicarse a la política”, porque se adoptan medidas en favor de un sector esencial como es la economía social. Desgranó cifras como que la economía social supone más del 10% del PIB y dos millones de empleos, constituyendo un “pilar” que sostiene “territorios enteros”. En todo caso, alertó de que hay enmiendas del PP que ponen en peligro “la coherencia” de la ley.

“Introducir ahora elementos ajenos al espíritu con el que se construyó esta ley o con el que salió del Congreso de los Diputados no es una modificación técnica, es desestabilizar el equilibrio logrado, es desvirtuar la naturaleza del texto, es hacer tambalear un consenso frágil precisamente porque ha sido honesto y responsable. Y cuando un consenso es frágil porque es honesto, lo responsable no es tensarlo más, lo responsable es protegerlo”, imploró al PP.

A ello, su compañero de partido Adolfo Lander añadió que “tenemos el deber de construir sociedades más justas” y sentenció que ahora es el momento de fomentar la economía social, para lo que se ha dialogado con el sector. Recordó que el PP votó en contra en el Congreso y, ahora, en el Senado, dijo que “ha aprovechado” para presentar muchas enmiendas que fueron rechazadas en el acuerdo de la Cámara Baja. “Los socialistas no queremos un país del sálvese quien tenga”, apuntaló.

Por su parte, la parlamentaria del PNV Andrea Aedo destacó que el Gobierno ha “reculado” en algunas materias que han mejorado la norma. Mientras, desde Esquerra Republicana, el senador Jordi Gaseni subrayó que hay que analizar si se confía todo al mercado capitalista o si se impulsan proyectos que ponen en el centro a la gente, abordando problemas como la vivienda, para que “deje de ser un negocio en manos de unos pocos y sea un derecho accesible para la mayoría”.

Finalmente, el senador de Junts Xavier Ten mantuvo el compromiso de su formación político de seguir permitiendo la aprobación del texto, aunque señaló que existen aspectos de mejora. Eso sí, las críticas más duras las dirigió al “rodillo” del PP en el Senado, donde goza de mayoría absoluta.

Cabe destacar que la norma contó con el ‘sí’ del Congreso gracias a la mayoría de investidura, incluido Junts, pero con el voto en contra del PP y Vox. No obstante, los ‘populares’ rebajaron después sus críticas y apostaron, en el Senado, por presentar enmiendas para modificar la norma.