La iniciativa del PP se sustenta a través de un conflicto de atribuciones. Este instrumento está al alcance de los órganos constitucionales del Legislativo –Congreso y Senado– y del Ejecutivo cuando consideran que sus competencias están siendo invadidas, y se desarrolla en dos partes. En la primera, se celebra un Pleno para requerir una rectificación en los siguientes 30 días. En este caso, el presidente del Gobierno tendría que comparecer. Si se niega o no responde a la petición, se abrirá una segunda fase en la que la Cámara Alta puede elevar el asunto al Tribunal Constitucional.

El PP dio el primer paso el pasado 5 de febrero, cuando registró la iniciativa en el Senado. Y dará el segundo el miércoles 18 de febrero, cuando el Pleno lo aprobará con su mayoría absoluta. García considera que Sánchez incumplió su “obligación moral, legal y parlamentaria” al ignorar la citación del Senado, y le avisó de que “la Constitución no es opcional” y remarcó que el control parlamentario no es una cortesía”, sino una obligación democrática”,

En opinión del PP, su actitud constituye una vulneración del artículo 66.2 de la Constitución, que dice que “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos y controlan la acción del Gobierno”; y del artículo 110.1 de la Carta Magna, que establece que “las Cámaras pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno”.

También apuntan al 182.1 del Reglamento del Senado, que establece que “el presidente del Gobierno, a petición propia o por acuerdo de la Junta de Portavoces, comparecerá ante el Pleno del Senado para informar sobre un asunto determinado”. En opinión del PP la forma verbal “comparecerá” no deja margen de elección al presidente.

La última vez que Sánchez acudió al Senado fue para participar en la sesión de control al Gobierno del 12 de marzo de 2024.