La proposición de ley, defendida por el diputado popular Mario Garcés, se basa en un decálogo de medidas que incluyen la imposibilidad de que el ocupa tenga “protección de domicilio o morada ante una posible actuación de un agente de actualidad”, que deba ser “objeto de desalojo en el plazo de 24 horas” o que no tenga derecho al padrón municipal.

Asimismo, reclama que los ayuntamientos actúen de oficio para dar de baja en el padrón a estos ocupas ilegales o que se castigue con el delito de estafa a toda persona que “haya contribuido a una red delincuencial por la cual se instigue a la ocupación ilegal”.

En cuanto los propietarios de dichas viviendas, las medidas se centran en eximir del pago del IBI y del impuesto de patrimonio y de gozar de beneficios fiscales en el impuesto sobre la renta o sociedades durante el tiempo que dure la okupación. Además, persigue dar poderes al presidente de una comunidad de vecinos para impulsar un “lanzamiento inmediato” en caso de que haya “actividades insalubres o ilegítimas”.

Garcés, quien comenzó su intervención agradeciendo a su compañero Adolfo Suárez Illana su “labor” y “compromiso” arrancando un aplauso en el hemiciclo, señaló que son medidas “de puro sentido común” y criticó que la izquierda tiene un problema “con la responsabilidad y la culpa”.

En su respuesta, la diputada del PSOE Sonia Guerra señaló que la propuesta “muestra un gran desconocimiento” ya que un ayuntamiento “no puede dar de baja de oficio” y que, de hacerlo, estas familias “dejarían de existir” y no tendrían acceso a ningún derecho. Además, criticó que pidan eximir del pago del IBI a las víctimas de la okupación, que “en un 80% son bancos y fondos buitre”.

Con estas medidas, para la socialista, el PP “lo único que consigue es fortalecer el fascismo”, señalando que “defender la seguridad ciudadana es defender el Estado de bienestar”.

En la fijación de posiciones, al rechazo del PSOE se unión el de su socio en el Gobierno, Unidas Podemos, quien a través de la diputada Pilar Garrido pidió al PP que proponga medidas “medianamente eficaces” pues para “problemas complejos proponen soluciones simples”. “Todo lo solucionan metiendo a la gente en la cárcel un porrón de años”, destacó.

Asimismo, Oskar Matute (EH Bildu) y Carolina Telechea (ERC) aseguraron que sus formaciones votarían en contra de la propuesta. La diputada catalana señaló que el decálogo busca “defender a fondos buitre estigmatizar personas vulnerables y desviar el foco de debate que es el derecho de vivienda”, ya que busca equiparar los delitos de allanamiento, que protege la morada, y la usurpación.

Por el contrario, Cristina Esteban (Vox) señaló que cualquier medida sobre ocupación “encontrará el apoyo de Vox”, aunque criticó al PP por haber tipificado “como un delito leve” el delito de okupación ilegal y de regularizar en la Comunidad de Madrid a okupas en viviendas sociales a través de “informes falsos y vecinos que están coaccionados”.

Por Ciudadanos, Edmundo Bal señaló que proposición de ley es una “solución razonable” y pidió aprobar este tema “de una vez”, pero criticó que el PP no hiciese referencia a las “soluciones habitacionales para los colectivos vulnerables”, así como que el hecho de que las entidades financieras “dejan desprotegidas sus viviendas”. También los diputados de Junts, PDeCat, PRC y Foro Asturias anunciaron su voto a favor de la propuesta.

En cambio, por el PNV Mikel Legarda señaló que su grupo está “a favor de modificar el ordenamiento jurídico”, pero pidió hacerlo a través de un proyecto de ley.