En concreto, los ejecutivos de la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón y Murcia han confirmado su intención de recurrir el real decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para “defender los servicios sociales” ante “el colapso” que, según prevén, provocará esta regularización.

Hasta la fecha, el Gobierno no ha compartido oficialmente una cifra de posibles beneficiarios ni una memoria económica del impacto presupuestario que tendrá la medida para los servicios públicos que gestionan las comunidades autónomas. Las primeras estimaciones apuntan a que el Estado concedería la residencia legal a medio millón de personas. Pero se han publicado informaciones y estimaciones que apuntan que se superaría el millón, citando fuentes policiales.

El objetivo del PP ahora mismo es frenar esta regularización en los tribunales. La dirección nacional ya avisó al inicio de esta semana que utilizaría todos “los instrumentos políticos, parlamentarios y judiciales” para detener este “disparate”. Aunque las fuentes consultadas en el equipo de Alberto Núñez Feijóo ya reconocen que un recurso como el anunciado por Vox no está en sus planes.

La explicación, según indican, es jurídica y no política. Génova asume que, al tratarse de un real decreto y no de una ley, no le basta con oponerse al contenido de la norma para acudir al Supremo, sino que tendría que acreditar una legitimación activa.

Es decir, debería demostrar ante el alto tribunal que esa norma le afecta de una manera directa y que por eso tiene derecho a recurrirla. En Génova entienden que esa vía tiene más recorrido si la emprenden sus gobiernos autonómicos que si la impulsa directamente la dirección nacional del partido.

Esa interpretación se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ya ha inadmitido recursos del PP y de Vox contra disposiciones del Gobierno al entender que un partido político no puede acudir a los tribunales solo por discrepar políticamente de una norma, sino que debe acreditar un derecho o interés legítimo propio.

En 2020, el Supremo recordó precisamente su doctrina sobre la falta de legitimación activa de partidos, grupos parlamentarios y diputados cuando impugnan actos o disposiciones generales sin esgrimir la titularidad de un derecho ni de un interés legítimo.

Por esta razón, el PP tiene previsto canalizar su frente judicial en sus comunidades autónomas, si bien las mismas fuentes remarcan que no las coordinarán como sí hicieron, por ejemplo, cuando presentaron recursos en cascada contra la amnistía ante el Tribunal Constitucional. De este modo no descartan la posibilidad de que alguno de sus ejecutivos decida no recurrir la reforma del Reglamento de Extranjería que dará pie a la regularización.

Por el momento ya son cinco los gobiernos autonómicos del PP que estudian pedir medidas cautelares al Tribunal Supremo para intentar suspender el proceso de regularización durante la deliberación de los recursos.