Durante este periodo, diversos juzgados recibieron notificaciones oficiales de que no era posible instalar nuevos dispositivos ni sustituir los defectuosos, lo que dejó a numerosas víctimas en “situación de riesgo”. La propia Fiscalía General del Estado, según este partido, ha reconocido que esta situación ocasionó “sobreseimientos provisionales y absoluciones de maltratadores”.

Estaràs advierte a la Comisión de que España podría “haber vulnerado varias normas comunitarias” por “no asegurar la continuidad de un servicio esencial”, así como la Directiva 2024/1385, sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, actualmente en fase de trasposición.

“Las víctimas no pueden quedar desprotegidas por negligencia en la gestión de un contrato público. El Gobierno socialista debe dar explicaciones y la Comisión Europea debe valorar si procede abrir un procedimiento de infracción ante la indefensión de las víctimas y la vulneración de sus obligaciones de respeto al derecho comunitario”, subrayó Estaràs.

Si las pulseras estaban vinculadas a órdenes de alejamiento u otras medidas cautelares, “la incapacidad del sistema para garantizar el seguimiento real del agresor podría haber dejado sin efecto práctico la protección transfronteriza que garantiza la OEP (Orden Europea de Protección)”, alertan los populares en una nota.

A su juicio, esto “erosiona la confianza mutua” entre los socios europeos, “principio esencial del espacio de libertad, seguridad y justicia”, recogido en el artículo 67 del Tratado de funcionamiento de la UE.

En cuanto al análisis desde el punto de vista jurídico de un servicio público, si no se incluyeron garantías técnicas suficientes, o si se adjudicó sin salvaguardar la continuidad de este servicio considerado “esencial”, podría haber incumplido la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública que establece el principio de buena gestión de los contratos y de continuidad de los servicios públicos esenciales, concluyen los populares.