Los populares avisaron de que esta cifra supone una “inyección de dinero público sin precedentes” que comprometen a España para “toda una década”, una decisión “inédita” sobre todo porque los Presupuestos Generales del Estado (PGE) llevan sin renovarse desde 2023. El PP alertó, además, de que ya se han acordado préstamos por importe de 14.283 millones.

La oposición sostiene que es injustificable que el Gobierno haya adoptado estas decisiones sin pasar por el Parlamento, dado que “comprometen la soberanía tecnológica, la seguridad jurídica y el papel estratégico de España en materia de defensa” en “un contexto inédito” en el que no se han aprobado unas nuevas cuentas públicas en ningún ejercicio de la legislatura.

Además, a la oposición le preocupa especialmente el peso asignado a Indra, la mayor beneficiada de los contratos, por el riesgo de adquirir una posición monopolista en el sector. En el último mes, el valor de sus acciones ha subido un 21%. En lo que va de año, la empresa se ha revalorizado un 192%, es decir, el coste de cada participación se ha multiplicado por tres en menos de 11 meses.

Por ello, el PP exigió al Gobierno “transparencia, control del gasto público y respeto a las competencias del Congreso ante unas adjudicaciones sin precedentes”; y exigió las comparecencias de los ministros Margarita Robles y Jordi Hereu, y del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio.

”MONOPOLIO” DE INDRA

Aunque todavía están pendientes de formalizarse nueve contratos de un total de 32, el PP asegura que el Gobierno ya ha comprometido un gasto de 34.168 millones de euros dentro del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, para los cuales ya hay acordados préstamos por importe de 14.238 millones de euros.

La oposición denuncia que estos fondos se están adjudicando “de manera directa y sin concurrencia competitiva, lo que hace inexcusable la máxima rendición de cuentas del Gobierno y la profunda fiscalización por parte del Congreso.

“Máxime”, cuando se está estudiando la adquisición por parte de Indra de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Indra es la compañía más beneficiada de las contrataciones del Ministerio de Defensa, con “una prefinanciación ya acordada en estos momentos de 5.959 millones de euros, el 41,7% del total de los préstamos y de los cuales 3.169 millones de euros son en UTE con EM&E”. Además, el PP está pendiente de conocer el importe de otros siete contratos formalizados.

Sin embargo, la oposición se queja de que el Gobierno ni está siendo transparente ni está facilitando información al Congreso, y observa con recelos la posibilidad de que la operación mercantil –en la que el Gobierno está participando a través de la SEPI y el Ministerio de Hacienda– “desemboque en una situación de posición dominante o de monopolio, dentro del sector de la industria de defensa nacional”.

COMPARECENCIA DE ROBLES Y CNMV

Por todo ello, el PP ha solicitado la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que explique los procesos de adjudicación de los 22 proyectos que se han adjudicado al grupo Escribano EM&M; y la del ministro de Industria, Jordi Hereu, para que explique los criterios que se han aplicado para la concesión de préstamos directos por importe de 3.169 millones de euros a la UTE formada por Indra y EM&M.

En paralelo, los populares quieren que el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, explique ante el Congreso si ha detectado “movimientos especulativos”, así como el análisis del organismo ante la evolución del valor de la acción de Indra.

Por otro lado, el PP ha registrado una batería de preguntas orales y escritas centradas en los criterios aplicados para la concesión de los contratos a las empresas seleccionadas, y ha pedido “la información disponible y los informes preceptivos” que se han realizado en los distintos ministerios sobre “la idoneidad y el interés público” que tienen los contratos señalados.