Desde el Grupo Parlamentario Popular reprocharon esta decisión a los partidos del Gobierno, que mantuvieron “una reunión extraordinaria” el pasado jueves para acordar esta postura que el PP tachó de “atropello a la libertad de los ciudadanos”.

Desde Génova han mostrado su rechazo a esta norma desde que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de septiembre. El principal partido de la oposición exige elaborar una ley que sea consensuada con todos los actores y escuche las 6.000 alegaciones que se presentaron al anteproyecto.

El texto, que cuenta también con el rechazo de Vox y PNV, prohíbe la comercialización de animales en tiendas de animales y su exhibición para fines comerciales, establece la entrada en vigor de cursos para dueños y refuerza el régimen sancionador contra el maltrato con multas que pueden ascender hasta los 200.000 euros, entre otras iniciativas.

Para los populares, es una ley “populista”, “sin criterio científico” y carente de consenso. Por ello, consideran necesarias las comparecencias de las entidades que “han solicitado simplemente ser escuchadas” en la comisión correspondiente “con carácter previo a la tramitación de una ley que les afecta directamente”.

Asimismo, acusaron al Gobierno de pretender que los grupos parlamentarios “discriminen quién debe y quién no debe ser escuchado”, y utilice el procedimiento de urgencia para un texto que no cuenta “con la participación de todos y con el sosiego y rigor que merece el tema”.

Por último, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo echó en cara a los socialistas su deseo de que todas las comparecencias se realicen “en una sola jornada”. Ante esta pretensión, los populares preguntaron al Ejecutivo por qué tienen “prisa por aprobar una norma sin escuchar a nadie si están tan seguros de que la norma no genera problemas a nadie”.