El Partido Popular (PP) exige la destitución de Virgilio Cano como consejero de Cooperación, al considerar que conocía las irregularidades cometidas en los expedientes de obras de su departamento adjudicadas al rupo de empresas de Construcciones Atocha.

Esta exigencia vienen incluida en las conclusiones del PP sobre el caso, elaboradas por los representantes conservadores en la Comisión de Vigilancia de la Contrataciones de la Asamblea de Madrid, que investiga el caso Atocha, y que concluyó sus trabajos la pasada semana.

Manuel Cobo, del PP, explicó que su grupo pide también la destitución del director general de Cooperación y de los secretarios generales técnicos de las consejerías de Educación, Juan Lbato, y de Cooperación, Victor Díez.

Las resoluciones del PP contemplan, asimismo, la reprobación de la actuación del presidente de la CAM, Joaquín Leguina, por no investigar a fondo las irregularidades cometidas y la exoneración de los consejeros de Educación y Cultura, Jaime Lissavetzky, y de Salud, Pedro Sabando, porque está convencido, según Cobo, de que no han intervenido y desconocían los hechos denunciados.

Manuel Cobo precisó que ha habido corrupción política y daño patrimonial a las finazas de la CAM por el trato a favor a la constructora Atocha y otras empresas afines.

Adolfo Gilabert, de IU, informó de las conclusiones de su grupo y señaló que han existido responsabilidades políticas, por lo que pide que la CAM abra un expediente informativa al director general de Cooperación, Antonio González, aunque precisó que las responsabiliodades no deben alcanzar a Virgilio Cano, porque no le consta que este alto cargo recibiera órdenes del consejero.

Asimismo, dijo que Izquierda Unida IU) culpa a Vicente Martínez Castelló, responsable de contratación de la Consejería de Cooperación, por recomendar una serie de empresas del grupo Atocha que no cumplían los criterios solicitados por la CAM, por lo que exigen el cese de este funcionario y la apertura de un expediente disciplinario.

En contra de las opiniones del PP e IU, el PSOE considera que no ha existido trato de favor interesado a Atocha por parte de responsables políticos de la CAM y "que no ha existido en ellos la más mínima somra de corrupción política".

Para Javier Ledesma, portavoz del PSOE, el mantenimiento de tal acusación supone "un falseamiento interesado de la realidad investigada y una grave irresponsabilidad política por falsa imputación de una conducta moral y políticamente reprobable".

El parlamentario indicó que las razones del PP para inculpar a la CAM "son miserables", aunque no especificó cuales, porque ya lo haría en el pleno de la Asamblea de Madrid del 4 de marzo, donde se elaborará el dictamen definiivo sobre los trabajos de la comisión de investigación.

Por último, subrayó que su grupo exigirá ese día que "todos muestren sus manos, que las abra para que veamos cómo las tienen sucias, porque no se puede tirar la piedra y esconder la mano".