Los populares tienen “la firme convicción” de que la iniciativa presentada por el Gobierno, que fue paralizada tras las elecciones generales de 2023, “puede y debe mejorarse” ahora que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha decidido a acelerar su tramitación.

El PP propone extender esta normativa a las Cortes Generales (Congreso y Senado) a través de la modificación de sus reglamentos, establecer la obligación de hacer pública en la agenda cualquier relación con grupos de interés y precisar el alcance de esta categoría, de la que se excluyen partidos políticos, así como las organizaciones sindicales, empresariales y los colegios profesionales, salvo cuando desarrollen actividades de influencia.

Entre las enmiendas también se especifica el catálogo del personal público susceptible de influencia, ampliando el alcance más allá de los altos cargos y asesores eventuales. De manera expresa, se incluyen los gabinetes, el personal directivo público y, en general, todo el personal de la Administración General del Estado que participe en la toma de decisiones públicas, tanto en la elaboración normativa como en la ejecución de políticas públicas.

Por otro lado, el PP aboga por reforzar la interoperabilidad mediante la integración funcional con otras herramientas, mejorar la exposición de los datos del Registro de Grupos de Interés y detallar con mayor precisión la información relativa a reuniones y actividades de estos grupos.

El PP asegura que sus propuestas son fruto del análisis del texto legislativo sumado a las reuniones mantenidas con diferentes colectivos y las aportaciones recibidas.