Así lo afirmó el senador del PP Joaquín Miranda en la comisión de investigación del 'caso Koldo' por el que estaba llamada a declarar Rodríguez. Miranda esperó que la ausencia de la expareja de Ábalos "no haya sido fruto de coacciones, presiones, conveniencia o contraprestaciones".

El dirigente popular apuntó directamente al Gobierno y al entorno de Ábalos y advirtió que, de ser así, “sería un hecho gravísimo que vulneraría derechos constitucionales”.

El PP solicitó que esta comparecencia sea considerada "un aplazamiento y no una suspensión", ya que la presencia de Rodríguez y su testimonio es “imprescindible” debido a que se trata de una persona que presuntamente cobró salarios de empresas públicas a las que nunca llegó a acudir a trabajar.

Asimismo, recalcó que Rodríguez es una persona “clave” ya que también "recibió pagos en especie vinculados a una trama corrupta". Miranda aseguró, además, que quieren saber “quién pagó sus desplazamientos y manutención cuando acompañaba al ministro”.

En lo referente a esta incomparecencia, el PP solicitó a la Mesa que permita a los grupos parlamentarios acceder al informe médico presentado o la confirmación del mismo, además de pedir que, una vez superado el problema médico, Rodríguez sea citada “de inmediato”.

REGLAMENTO DEL SENADO

Miranda aseguró que el PP continuará con la investigación de la trama de este caso y anunció que su partido impulsará una reforma del Reglamento de la Cámara Alta para regular los plazos de presentación de estos escritos. “No puede volver a ocurrir lo de hoy”, aseguró Miranda, quien tuvo conocimiento de la ausencia de Rodríguez diez minutos antes de comenzar la comisión.

El PP sostuvo que no puede permitirse que una persona como Rodríguez eluda dar explicaciones ante una comisión de investigación y mucho menos cancelar su comparecencia minutos antes del inicio de la misma.

Por otro lado, el presidente de la Mesa, Eloy Suárez, detalló que el escrito justificativo llegó “cinco o diez minutos antes del inicio de la comisión”. Así, afirmó que verificarán su validez y que, en caso de que no sea un informe real, “se dará parte al Ministerio Fiscal” por delito de incomparecencia.

La compareciente, citada a las 11.00 horas, debía haber acudido y respondido a las preguntas que se le planteasen, ya que no está imputada en ningún procedimiento judicial, lo que implica que no puede acogerse al derecho de no declarar ante la comisión del Senado.