La iniciativa de los populares, que se votará el jueves, se centra en dichos migrantes condenados por delitos graves o que incurran en reincidencia dolosa, especialmente frente a los delitos contra la libertad sexual. En ella, exigen llevar a cabo una serie de cambios legislativos para poder expulsar a dichas personas, y reforzar la cooperación judicial con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras autoridades para reducir los plazos de los procesos de expulsión.

Además, reclaman impulsar la revisión de los acuerdos con los países de origen y tránsito de la inmigración irregular, incluyendo en ellos sanciones diplomáticas o económicas si los incumplen, y aumentar los medios humanos y tecnológicos, con el apoyo de Frontex, para prevenir la inmigración ilegal. Según los populares, en 2025 apenas se ejecutaron el 7% de las órdenes de expulsión, lo que, denuncian, confirma” la incapacidad del Gobierno”.

Para defenderla, la diputada del PP Ana Alós comenzó denunciando que en España “incumplir la ley sale gratis”, al tiempo que cargó contra la regularización masiva de migrantes impulsada por el Gobierno, lo que, dijo, generará un efecto llamada que va en contra del nuevo reglamento de retorno.

Por ello, subrayó que esta iniciativa incide en la necesidad de que las resoluciones “se cumplan” y que quien comete delitos graves o reincide “no puede seguir en nuestro país”. El objetivo, resumió: "Que España empiece de una vez a cumplir la ley y deje de ser el eslabón débil de Europa en materia de retornos e inmigración".

“Humanidad, sí, pero también Justicia; integración, sí, pero también cumplimiento de la ley”, dijo tajante la parlamentaria popular mientras pedía el apoyo de la Cámara para una propuesta que, dijo, “va a favor del Estado de derecho, de la convivencia y de una inmigración legal, ordenada y vinculada al trabajo”. Y, zanjó, “va a favor de lo que esperan nuestros socios europeos de un país fiable”, porque “España no puede ser el país que dicta órdenes que no ejecuta y que convierte la irregularidad en antesala de la regularización automática”.

"INCOMPETENCIA"

Una línea muy similar a la que siguió el diputado de UPN Alberto Catalán, quien denunció que el Ejecutivo “no tiene una política migratoria real” porque actúa “en función de las circunstancias” y de sus “intereses partidistas y sectarios”.

Catalán, que anunció su voto a favor, cargó contra la regularización del Gobierno, recordando que la Unión Europea ya ha mostrado sus “reparos”, y consideró “vergonzoso” el nivel de cumplimiento de las órdenes de expulsión por lo que consideró “incapacidad, incompetencia o puro interés”.

Muy crítica con la iniciativa, por el contrario, se mostró la diputada de Podemos Noemí Santana, quien inició su intervención acusando al PP de “competir con Vox” por “endurecer” su discurso migratorio. En esta línea, señaló que los populares buscan “rascar votos hacia su derecha”, por lo que se “mimetizan” con Vox. Y defendió que la regularización de migrantes significa “fortalecer nuestra seguridad social”, además de “garantizar derechos laborales” y “combatir la explotación”.

El tono más duro llegó de la mano de Ignacio Gil Lázaro, de Vox, formación que presentó una enmienda de adición para darle “mayor firmeza y contundencia” a la iniciativa. En ella, entre otras exigencias, clama por la derogación del real decreto que aprueba el nuevo reglamento de extranjería y por aumentar el número de años para adquirir la residencia de larga duración.

Porque para la formación liderada por Santiago Abascal, “España sufre una invasión migratoria producto de la política de puertas abiertas fomentada por el bipartidismo”, aunque fue más crítico a la hora de referirse a la regularización que plantea el Gobierno, la cual, dijo, generará “más problema de la vivienda, más colapso de la Sanidad y de los servicios sociales, más precariedad del mercado de trabajo y más delincuencia”.

"CARIZ ELECTORAL·

Por parte de Bildu, Jon Iñarritu hizo hincapié en que la migración “no es un problema”, dejando claro que esa percepción existe debido a los bulos de “la derecha más extrema”. Por el contrario, defendió que la población migrante aporta un 70% más de lo que recibe, lo que es “beneficioso”.

También negó la vinculación entre “delincuencia y nacionalidad”, por lo que volvió a señalar que el PP copia el discurso de Vox. Al mismo tiempo, criticó que lo que propone ahora que haga el PSOE no lo hicieron cuando estuvieron al frente del Gobierno. Y zanjó su intervención acusando a los populares de “xenofobia” y que la presentación de la iniciativa tenía un “cariz electoral”.

Por su parte, la diputada de Junts Marta Madrenas comenzó señalando que de lo que se hablaba era de “personas que han cometido un delito y que un juez estima que tiene que ser expulsadas”, mientras que “el Gobierno no ejecuta la orden”. Tajante, apuntó: “Si eso es xenofobia, pues no sé, tenemos un problema”. Una realidad, remarcó que “preocupa a la gente y a Junts”, porque “genera una sensación de impunidad”.

Eso sí, también criticó en cierto modo la iniciativa porque “utiliza datos parciales, fuera de contexto” y “débiles”. Algo de lo que culpó al Gobierno, porque “PSOE y Sumar ocultan sistemáticamente esta información”.

Por todo ello, la diputada de Junts aprovechó para reclamar de nuevo las competencias en inmigración: “Si Cataluña dispusiera de los datos y las competencias, la respuesta sería mucho más efectiva”, dijo seria. Y si bien mostró su apoyo a “hacer efectivas las órdenes judiciales de expulsión de aquellas personas que han delinquido”, rechazó hacerlo mediante un “modelo centralista”.

Por parte de ERC, Francesc-Mar Álvaro también acusó a los populares de querer parecerse a Vox y “ganar la subasta de la ultraderecha”. También les acusó de seguir el “dictado de Trump” con iniciativas como esta.

"PEAJE" DEL PP A VOX

Con dureza también se expresó el diputado de Sumar Enrique Santiago, quien insistió en la idea de que PP y Vox usan “la desconfianza hacia los extranjeros, trabajadores y pobres para azuzar problemas de convivencia”. Recordó las regularizaciones llevadas a cabo por el Gobierno de José María Aznar, criticando en este sentido que “son necesarias cuando las hace el PP pero son malísimas si las hace otro Gobierno”.

En lo que se refiere a la iniciativa, criticó, por ejemplo, que proponga sanciones a los países de origen o tránsito de los migrantes, “a los países más pobres”, criticó con tono serio. Todo, subrayó, es el “peaje que el PP paga a Vox para que le permita gobernar en Extremadura y en Aragón”. Y añadió que tanto la iniciativa de los populares como la enmienda de Vox son una “falta de respeto al Estado de derecho”.

Y elevando el tono, concluyó avisando de que el “gran problema” que supondría un Gobierno de PP y Vox es que “todo lo que dicen que van a hacer con los diferentes lo acabarán haciendo con quienes pensamos diferente”.

Por último, el diputado del PSOE Manuel Arribas se sumó a los partidos que acusaron al PP de “alimentar el miedo” con su propuesta: “Cuando la derecha no tiene soluciones, siempre busca un enemigo”, y “siempre al más débil”, dijo.

También tachó a los populares de “racistas” por competir con el discurso de Vox. Y afeó a ambas formaciones por decir que en España hay un problema de inmigración o de inseguridad mientras defendía que “España es uno de los países más seguros de l mundo” y que las llegadas de migrantes irregulares han descendido. Y en clave electoral, Arribas, diputado por Ávila, avisó: “Les sacaremos de la Junta de Castilla y León el 15 de marzo”.