La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, subrayó que la Ley de Restauración de la Naturaleza es “irresponsable” porque carece de la evaluación de su impacto y, de aplicarse, pondrá en “grave peligro” la sostenibilidad medioambiental, social y económica del medio rural español.

Martín señaló que el PP defiende la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático “pero no de esta forma”, y abogó por “más transparencia” por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, diálogo con el sector primario y con las comunidades autónomas y una “definición clara” de la inversión que se realizará para acometer las acciones, sin detraer fondos de la PAC.

“Esta ley supone dar un nuevo mazazo al sector, que está sufriendo un plan estratégico de la PAC inflexible y mal planteada, y un Gobierno socialista que desprotege a los agricultores y ganaderos que viven de su trabajo y nos dan de comer a todos. Estoy convencida que el campo español dará una respuesta contundente en las próximas elecciones europeas”, añadió.

La iniciativa que ha presentado el PP en el Congreso pide al Gobierno que reclame a la Comisión Europea establecer “objetivos realistas”, que tengan en cuenta las normas ya en vigor y el actual contexto internacional, derivado de la crisis por la guerra de Ucrania y la inflación en Europa.

La ley fija el objetivo de restaurar al menos el 30% de los hábitats en 2030, porcentaje que aumentará el 60% en 2040 y al 90% en 2050. Estos umbrales son muy superiores a los objetivos internacionales, lo que sitúa al sector primario y a todo el sistema alimentario europeo en clara desventaja competitiva con el resto de los continentes.

El pasado 27 de febrero, el Parlamento Europeo aprobó la Ley de Restauración de la Naturaleza, con los votos favorables de los eurodiputados del PSOE y el rechazo de todos los eurodiputados españoles del PP.

Los populares han exigido que haya una evaluación previa del impacto que va a tener la normativa sobre la producción de alimentos y el sistema alimentario en Europa en relación con los otros países. También se ha solicitado un análisis de costes y que se identifique la inversión necesaria para acometer los cambios, sin detraer fondos de la PAC y sin poner en riesgo la rentabilidad de los sectores productivos.