Así lo avanzaron fuentes populares después de que la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, acusara esta mañana al Ministerio de Justicia y, en concreto, a la hermana del ministro Óscar Puente, de haber “reinterpretado” la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática para ampliar los supuestos reconocidos por el Parlamento a espaldas de este.

Asimismo, la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública publicada en el BOE hace, según el propio texto, “una interpretación más acorde con la verdadera voluntad del legislador y el espíritu de la ley”. Y concluye que tienen derecho a ser nacionalizados “los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles, fuera cual fuera la razón de su salida de España”, desligando las nacionalizaciones del exilio político durante el franquismo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, siempre ha defendido “impulsar una ley de nacionalidad para los nietos de españoles en el exterior” que desvinculase los derechos de los descendientes de “la ideología y los acontecimientos lamentables de la Guerra Civil y la Dictadura”. Pero el PP rechaza la instrucción -de la que ha tenido conocimiento cuatro años después de su entrada en vigor- por entender que se ha hecho “por la puerta de atrás” y que no se puede nacionalizar a hasta 2,6 millones de personas en un espacio tan corto de tiempo.

MEDIDAS DE FISCALIZACIÓN

Por ello, el PP solicitará la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en el Pleno del Congreso para que informe del funcionamiento de los registros civiles consulares y del sistema de cita previa. Asimismo, pedirá explicaciones sobre los plazos de resolución de los expedientes y sobre el número de solicitudes de nacionalidad recibidas, aprobadas, denegadas y pendientes.

El PP reclamará también al Gobierno una ingente cantidad de información sobre los consulados más afectados, los medios humanos, materiales y presupuestarios desplegados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, los criterios jurídicos y administrativos aplicados en la tramitación de los expedientes y las garantías documentales, registrales y censales adoptadas en todo el proceso.

Dentro de esta ofensiva, el PP también quiere recabar de la Abogacía General del Estado un informe sobre la externalización llevada a cabo por el Gobierno para realizar labores de apoyo a los consulados en la tramitación de expedientes para la obtención de la nacionalidad española.

INECO Y GRUPO PALCO

Uno de los puntos sobre los que el PP pone el foco es la contratación de Grupo Palco, una empresa pública vinculada al régimen cubano, para realizar labores de apoyo al Consulado de España en La Habana. En este sentido, exigirá copia de los tres expedientes completos de contratación, por importe total de 1.602.217 euros, destinados al refuerzo de la tramitación de expedientes de nacionalidad.

Al mismo tiempo, el PP solicitará la copia del expediente completo de contratación de la empresa pública Ineco para realizar labores de apoyo en la tramitación de estos expedientes, en el marco de un proceso que los populares describen como “el mayor proceso de nacionalización de la historia”.

A todo ello se suma la formulación de una veintena de preguntas parlamentarias en las que el PP reclamará información desglosada sobre el número de solicitudes de nacionalidad por oficina consular, así como sobre el criterio que se está aplicando para determinar el orden de resolución de los expedientes.

Entre otras cuestiones, quiere que el Ejecutivo aclare si las solicitudes se tramitan por orden de petición de cita previa, por fecha de incoación del expediente, por presentación de la documentación completa en cada oficina consular o conforme a algún otro criterio fijado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.