En concreto, respecto a la moción contra la ley de amnistía, el PP quiere que los dirigentes socialistas digan si rechazan o no “cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español cualquiera que sea su delito”. También les invita a votar sobre si “el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes su cumplimiento”.

Además, el PP pone como otro de los puntos a votar en esta moción el siguiente: “Animamos a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida al chantaje de los independentistas o abocada a una repetición electoral”.

En la exposición de motivos de esta iniciativa que el PP moverá a nivel territorial se recuerda que el 15 de octubre de 1977 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Amnistía que siguió “el principio de reconciliación nacional que guio nuestra Transición a la democracia”. Entonces, recalca el PP, “la amnistía era una demanda social y una necesaria e imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura”.

El PP también rememora cómo “durante la tramitación de la Constitución de 1978 se debatió la cuestión de la amnistía, ya que se presentaron dos enmiendas para que las Cortes Generales pudieran tener esa competencia”. “Las enmiendas fueron rechazadas y, por el contrario, se aprobó el artículo 62 que prohíbe indultos generales”, prosigue el PP en su texto.

Todo ello sirve al PP para defender que “el perdón -que si existe en nuestro ordenamiento y que está regulado en la decimonónica Ley del Indulto- debe ser siempre individualizado y nunca con carácter general”. En este sentido, alega que “en una democracia europea consolidada como es la española de 2023 una amnistía, además, atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica”.

“Ni el legislador ni el poder ejecutivo puede arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano”, remarca el PP, remitiéndose al “intento de insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contar el orden constitucional” en 2017 y “la reacción del Estado de derecho fue la aplicación del artículo 155”.

Según el PP, en este momento, “Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno se ha abierto a que se pueda tramitar una proposición de ley” que supondría “una inconstitucionalidad flagrante” y un “atajo para evitar los controles de legalidad del CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado”.

“El precio de la presidencia no sería solo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo. En definitiva, un inasumible precio político para cualquier gobernante decente y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno está causando una profunda conmoción social”, señala el PP en la exposición de motivos de esta iniciativa.

“IGUALDAD”

En su segunda moción, el PP llama a reconocer “que España es una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones” y a rechazar “cualquier proyecto que trate de romper la igualdad o de reconocer privilegios a ciudadanos o territorios en cualquier parte de España y que atente a lo dispuesto por la Constitución española”.

Igualmente, propone “un gran acuerdo nacional que afronte los principales desafíos que tenemos: la regeneración institucional, el Estado de Bienestar, los fundamentos de nuestra economía, un pacto por las familias, un pacto por el agua y un pacto territorial”.

Asimismo, se urge al Gobierno a que proponga un modelo de financiación autonómica que garantice los principios de igualdad y solidaridad y que sea fruto del acuerdo entre todos, además de rechazar “cualquier privilegio unilateral al margen del acuerdo entre todas las comunidades autónomas”.

También se reclama al Gobierno que garantice un marco de financiación de ayuntamientos, diputaciones, consells y cabildos basado en la suficiencia, la solidaridad y la equidad.

En su texto, el PP previene así sobre “los proyectos que buscan romper la igualdad y solidaridad entre los españoles, así como por propuestas de mutación constitucional que promueven consagrar la desigualdad y el privilegio entre territorios y ciudadanos”. Una desigualdad, dice, “que se ve acentuada en el día a día de los españoles por las tensiones económicas, tecnológicas y demográficas”.

“Hoy, en España, la igualdad está más amenazada que nunca”, sostiene el PP, alertando así de “un nuevo desafío histórico en el que una minoría populista y radical pretende imponer la ruptura de la igualdad de los españoles”. “Lo que es de todos se debe decidir entre todos”, sostiene la iniciativa del PP. “Y no se puede someter los fundamentos del consenso constitucional al capricho de unas minorías por influyentes que puedan resultar beneficiarse de una coyuntura parlamentaria determinada”, abunda.