Así lo anunció en una rueda de prensa en la Cámara Alta, donde exigió la dimisión de Redondo porque, según la Fiscalía General del Estado, esto supuso una “potencial desprotección de las víctimas” y “una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios”, como apunta en su última memoria anual.

La entonces presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género –órgano adscrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)–, María Ángeles Carmona, ha afirmado al periódico ‘El Confidencial’ que alertó a la ministra de este riesgo en 2024.

El PP quiere que Ana Redondo “responda con claridad” cuántas mujeres se han visto afectadas, cuántos casos judiciales se han comprometido, cuánto tiempo estuvieron las víctimas desprotegidas, cuántos agresores se beneficiaron del “caos” generado por el Gobierno y cómo va a reparar el daño causado a las mujeres.

Del mismo modo, reclamó al Gobierno que realice “una auditoría independiente para conocer la dimensión de la gravedad de lo ocurrido y garantizar que no se vuelva a repetir”. “Mientras Sánchez hacía propaganda, las victimas estaban más solas que nunca. Las mujeres víctimas no necesitan pancartas ni eslóganes: necesitan justicia, protección efectiva y verdad”, señaló.