La Diputación Permanente, órgano de funcionamiento del Congreso de los Diputados fuera de los periodos de sesiones, debatió la petición del PP de convocar una sesión extraordinaria del Pleno para tratar este asunto.

Ese Pleno debería haber sido convocado el próximo lunes como muy tarde, ya que una vez publicado el decreto de disolución de las Cortes para la celebración de elecciones generales sólo puede reunirse la Diputación Permanente y para supuestos tasados en la Constitución, sólo para convalidación de reales decretos urgentes y declaración de los estados de alarma, excepción y sitio.

Por tanto, ante el rechazo de esta petición, no cabe ya la opción de que el Congreso de los Diputados inste la ilegalización de ANV, haciendo uso de una de las vías incluidas en la Ley de Partidos Políticos.

Durante el debate, Zaplana subrayó que esa vía parlamentaria "es la mejor" para ilegalizar ANV, y advirtió de que sería menospreciar a los ciudadanos rechazar ese debate y luego emprender la medida por otras vías.

Zaplana llamó al PSOE a recuperar el consenso que permitió en su momento la ilegalización de ANV y a rectificar una política que ha permitido la presencia de "los secuaces" de ETA en las instituciones porque, aseguró, así lo exigió la banda para abrir la negociación tras la declaración de tregua.

El problema del PP, dijo después Gaspar Llamazares, coordinador de Izquierda Unida, es simplemente que no va a poder participar en la ilegalización de ANV si esa medida se adopta por otra vía.

De esas otras vías habló el portavoz socialista, Diego López Garrido, al subrayar que existen dos investigaciones abiertas, una en la Audiencia Nacional sobre los vínculos de esa formación con Batasuna, y otra de la Fiscalía General del Estado sobre la posible aplicación de la Ley de Partidos.

López Garrido insistió en que la decisión se tomará cuando existan pruebas suficientes para la aplicación de la ley y denunció el "desprecio" del PP por el Estado de Derecho.

Llamazares tachó al PP de "oportunista" y esa acusación fue empleada también por otros portavoces. Además, Emilio Olabarría (PNV) y Begoña Lasagabaster (Eusko Alkartasuna) centraron su intervención en el rechazo de plano a la Ley de Partidos.

El debate estuvo protagonizado por la acusación del portavoz de ERC, Joan Tardà, quien dijo que el presidente fundador del PP, Manuel Fraga, se manchó las manos de sangre mientras ANV luchaba por la libertad y contra el franquismo.

Su acusación fue inmediatamente contestada por Zaplana, que tachó sus reflexiones de "totalitarias y fascistas".

El incidente se zanjó con la orden de la Presidencia, ejercida por Carmen Calvo, de retirada del Diario de Sesiones de la expresión de Tardá sobre Fraga por entender que se trata de la imputación de un comportamiento delictivo, y la petición de retirada voluntaria del calificativo de "fascista" lanzado después por Zaplana a Tardà.