El texto continúa así su tramitación parlamentaria, que culminará con su votación en Pleno dentro de unas dos semanas, según fuentes populares. Esta reforma, paralela a la que se aprobó en junio “de forma exprés”, abrirá la vía para acudir al Tribunal Constitucional contra “el bloqueo” por parte del Congreso de las proposiciones de ley que salen del Senado; limitará los tiempos de intervención de los ministros que actualmente no está tasado; y establecerá que todos los senadores deben jurar o prometer la Constitución.

El portavoz del PSOE en la comisión, Francisco Manuel Fajardo, cargó con dureza contra la propuesta del PP, denunció que hay visos de inconstitucionalidad en algunos de sus preceptos y lamentó “la oportunidad perdida”. Su homólogo en Junts, Joan Baptista Bagué, censuró que no haya ni un “mínimo acuerdo” entre todos los grupos, palabras a la que se sumó la senadora Estefanía Beltrán, del PNV, que pidió una “reflexión” al PP sobre su forma de usar la mayoría absoluta.

Todos los grupos menos PP y Vox coincidieron, además, en criticar la inclusión de tres correcciones de errores ‘in extremis’. En la práctica, no introduce cambios de fondo respecto al Reglamento histórico, sino que restaura tres preceptos completos que la versión del 14 de octubre había dejado mutilados con un simple “igual”.

Sin esta corrección, el texto de la reforma habría quedado jurídicamente incompleto en tres ámbitos sensibles como la publicidad y valor jurídico de las conclusiones de las comisiones de investigación, el límite temporal de las intervenciones en Pleno y el procedimiento de tramitación en lectura única; pero el bloque de investidura considera que son “enmiendas encubiertas”.

PRINCIPALES NOVEDADES

La propuesta establece que el nuevo Reglamento recogerá la posibilidad de que un grupo parlamentario pueda proponer al Pleno la posibilidad de plantear un conflicto de atribuciones cuando la tramitación de la proposición de ley por el Congreso se demore “de forma injustificada”. De no rectificar la Mesa de la Cámara Baja, el asunto acabaría en el Tribunal Constitucional.

El PP también modifica el límite de tiempo de las intervenciones de los miembros del Gobierno, que hasta ahora no contaban con un tiempo tasado en sus comparecencias. De aprobarse la reforma, dispondrán de un tiempo máximo de 40 minutos en sus exposiciones iniciales, que luego será de unos 15 y 10 minutos para sus réplicas.

Por otro lado, el PP deja por escrito que los jueces y magistrados no tienen la obligación de acudir a las comisiones de investigación, como han amagado los socios del Gobierno en alguna ocasión en el Congreso.