A partir de mañana, se abrirá un plazo de 30 días para que la Cámara Baja o el Gobierno den respuesta al Senado. De no hacerlo o negarse a reconsiderar su decisión, el PP podrá utilizar su mayoría absoluta en la Cámara Alta para elevar el asunto al Tribunal Constitucional, que tendría que resolver la cuestión.

Este es el enésimo choque entre Senado y Congreso, que en apenas dos años de legislatura han librado una batalla constitucional sin precedentes, dado que este instrumento jamás había sido empleado para resolver conflictos entre las cámaras parlamentarias.

Las discrepancias se deben a la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible. El PP utilizo su mayoría en el Senado para introducir varias enmiendas, entre ellas la reinstauración del programa de compensación de Renfe por retrasos y el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares —la primera fue aprobada en el Congreso, mientras que la segunda decayó—.

En el paquete de enmiendas también había una para que el Ministerio de Transportes habilitara anualmente una partida de los Presupuestos Generales del Estado para el fomento de la movilidad sostenible, y otra para que, “en caso de que la aplicación de esta ley afecte a contratos del sector público en vigor imponiendo nuevas obligaciones a los contratistas”, los órganos de contratación les compensen por los sobrecostes generados.

El Gobierno, sin embargo, alegó que ambas disposiciones afectaban a los Presupuestos en vigor y vetó las enmiendas a su vuelta al Congreso. El Senado considera que este movimiento es inconstitucional.