Así lo anunció en el marco de la XXVII Unión Interparlamentaria del PP, que se celebra este fin de semana en Sevilla, en la mesa coordinada por Ana Alós, vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, y moderada por Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Durante el debate se abordaron diferentes temas de ámbito social con la participación de la diputada Sofía Acedo, la senadora María Salom y la eurodiputada María Rosa Estarás, así como del portavoz parlamentario autonómico de la Región de Murcia, Joaquín Segado; la parlamentaria autonómica de Castilla y León, Inmaculada Ranedo; el portavoz parlamentario autonómico de la Comunidad de Madrid, Carlos Díaz, y el portavoz parlamentario autonómico de Cataluña, Juan Fernández.

Una de ellas fue el veto del Ejecutivo de Sánchez a su Ley de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar en el Congreso de los Diputados, que impidió su debate en la Cámara Baja. El PP defiende que, a pesar del bloqueo del Gobierno a su propuesta, tiene un “firme compromiso” con la conciliación que ya se está desplegando a través de las comunidades autónomas en las que gobierna.

En el citado texto se incluyen medidas como la exigencia al Gobierno de España para que financie el 50% de las escuelas infantiles de 0-3 años en todo el país, aprobar una reforma fiscal en favor de las familias o reclamar la remuneración de los permisos parentales retribuidos de 8 semanas para cumplir la Directiva Europea de Conciliación. Todas estas medidas se debatirán en una proposición no de ley en la que el PP obligará al Gobierno a posicionarse.

EDUCACIÓN, DEPENDENCIA Y ELA

Por otro lado, con respecto a las políticas de educación, los participantes destacan el impulso desde los gobiernos del PP de medidas concretas, con datos y evidencias científicas que avalan su eficacia, como la EBAU común, al igual que defienden que hay que realzar la función docente para que los profesores “sean figuras de prestigio en la sociedad”.

Igualmente, el PP exigió a Sánchez el compromiso de financiación del 50% de la dependencia, criticó que el Ejecutivo deja a las comunidades autónomas “asfixiadas” para hacer frente a las prestaciones y derechos del actual sistema y destacó que el sistema de Castilla y León es “el más eficiente y equilibrado de España”.

Conjuntamente, los ponentes recriminaron al Gobierno la falta de financiación para la ley ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) y recalcaron el compromiso firme del PP con los pacientes de ELA a los que “no van a abandonar ni van a permitir que se les falle”.

INMIGRACIÓN

Por último, los ponentes denunciaron el pacto de Sánchez con Junts para la “cesión” de las competencias exclusivas del Estado en materia de inmigración, extranjería y control de fronteras, ya que “pone en riesgo la seguridad nacional, empezando por la seguridad en Cataluña”.

También rechazaron el acuerdo del Gobierno con los separatistas para el reparto de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas excluyendo a Cataluña, “utilizando a los menores como moneda de cambio con el único objetivo de que Sánchez permanezca en la Moncloa”.

En este contexto, el PP se comprometió a revocar cuando llegue al Gobierno la cesión “ilegal” de competencias de Sánchez al separatismo en materia de inmigración y extranjería. Y apostó por “una migración regular, ordenada y vinculada al mercado laboral que garantice unas condiciones para la integración de la persona inmigrante”, así como por los retornos a los países de origen de aquellas personas que llegan a España de forma irregular, tal y como plantea el Pacto de Migración y Asilo europeo.