El PP y Vox fueron rotundos en su rechazo, mientras Junts no se pronunció tanto sobre el fondo de la norma, sino que vinculó su voto a los “incumplimientos” del Gobierno con los de Puigdemont, criticando en esta ocasión al Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Al defender el texto, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, dijo que “basta ya” de despedir y de mover actividades que dejan un “reguero” de personas y regiones sin futuro y de despedir por parte de fondos de inversión a ciudadanos que “ni conocen”. Además, denunció que muchas empresas se deslocalizan con el fin de “pagar salarios de miseria” y “explotar” en lugares donde hay menos derechos laborales.

“Para que eso no sea posible hay que fortalecer la democracia en la empresa, la transparencia y la capacidad de negociación de las personas trabajadoras”, añadió Martínez Barbero, quien elogió las “políticas valientes” que está impulsando la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. A su juicio, “la libertad de empresa no puede significar fraude y abuso, ni puede ir en contra de la democracia en la empresa”.

El PSOE, socio mayoritario del Gobierno de coalición avaló la toma en consideración del texto, porque se “alinea” con la ley de industria impulsada por el Ejecutivo, “que va mucho más allá” que la iniciativa de Sumar, puesto que busca atraer más tejido productivo. “El objetivo no puede limitarse a evitar que las empresas se marchen, sino a conseguir que se instalen más, que generen empleo y que contribuyan a fijar población”, complementó la diputada socialista Luisa Sanz.

CRIMINALIZAR EMPRESAS

En sentido opuesto se pronunció la diputada del PP Isabel Prieto, quien señaló a Sumar por “criminalizar” a las empresas, pese a que son el “principal motor” de generación de riqueza. Por ello, exhortó a que “no utilicen a los trabajadores como coartada” y deslizó que si lo hacen, es que “están muy desesperados y desesperadas”.

“Su grupo parlamentario va encajando una derrota política tras otra, y su proyecto político se desintegra, perdiendo ya 13 partidos por el camino. Y el liderazgo de la izquierda progresista, ¿dónde se ha quedado?”, inquirió Prieto, quien tachó a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de “espejismo”.

En este punto, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe previno de que esta ley “no sirve”, ya que solo se puede prohibir una deslocalización fuera de la UE y “a un trabajar de Galicia le da igual” si una actividad se desplaza a un país extracomunitario o a Alemania. “Cuando se ponen cargas adicionales a quien valora invertir o adquirir una unidad productiva, el resultado no siempre es la continuidad del empleo, en ocasiones es la retirada de la oferta y, con ello, la liquidación definitiva de la sociedad”, reflexionó.

Muy crítico se mostró también el diputado de Junts Josep Maria Cervera, quien no entró en el fondo de la propuesta, sino que arremetió contra el retraso del Ejecutivo en aprobar la nueva ley de industria y contra “los incumplimientos” con Junts, especialmente en este caso del Ministerio de Trabajo y Economía Social. “Si la ley no se tramita, no será por nosotros, sino por culpa de sus incumplimientos”, amenazó Cervera.

LAS DERECHAS SE UNEN

A renglón seguido, el diputado de Esquerra Republicana Jordi Salvador avisó de que “la derecha española y catalana se unen” siempre que se trata de votar contra los derechos de los trabajadores y reclamó a los empleados que “tengan memoria, porque no todo el mundo es igual”, respaldando así la iniciativa de Sumar.

Durante el Pleno en la Cámara baja, la diputada Idoia Sagastizabal (PNV) apoyó la tramitación del texto, pero avisó de que eso no significa que no haya que corregir “riesgos” de mayor “inseguridad jurídica” durante la tramitación de la norma.

A favor de tramitar el texto se expresaron también Bildu, el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y Podemos, cuyo diputado Javier Sánchez exigió que no se impongan sanciones, sino que directamente se impida el cierre de centros de trabajo rentables.

DESPIDOS, AYUDAS Y TRANSPARENCIA

En concreto, la proposición de ley para la garantía de los derechos de las personas trabajadoras en procesos de deslocalización y transmisión de unidades productivas recogía la prohibición de que las empresas que deslocalicen su actividad fuera de la UE o del Espacio Económico europeo efectúen despidos colectivos y extinciones de contratos por causas objetivas. Estas compañías tampoco podrían aprobar cambios sustanciales en las condiciones de trabajo o inaplicaciones de convenios colectivos.

De incumplirse estas limitaciones, las medidas aplicadas se considerarían efectuadas en fraude de ley, fueran adoptadas con carácter anterior o posterior al traslado, siempre que se probara su vinculación directa o indirecta con este. Los despidos y las extinciones de contratos serían en tal caso considerados improcedentes y, en su caso, nulos.

Además, el texto de Sumar sostenía que las empresas que deslocalicen su actividad y hayan sido beneficiadas en los cuatro años previos de medidas ligadas a uno o varios expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o a la aplicación del Mecanismo RED contemplado en la reforma laboral de 2021 pactada con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, se verían obligadas al abono de la totalidad del importe desembolsado o dejado de ingresar en concepto de prestaciones y de exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Por otra parte, la proposición de ley reforzaba los derechos de información y consulta de los representantes de los empleados en las compañías con más de 50 personas en plantilla. En concreto, en los supuestos en los que se celebre entre particulares una operación que tenga como objetivo la transmisión de la titularidad de una empresa o unidad productiva autónoma, debería presentarse ante la autoridad laboral un plan de viabilidad cuyo objetivo sería el mantenimiento de la actividad productiva y de los puestos de trabajo.

El texto forzaría a que se tenga que dar información a los representantes de los trabajadores, a negociar de buena fe no menos de 30 días y a. En el supuesto de que el periodo de consultas referido termine sin acuerdo, la empresa vendedora remitiría su plan de viabilidad a la autoridad laboral en el plazo de 5 días desde su finalización. Sin perjuicio de lo anterior, las personas trabajadoras tendrían un derecho de tanteo y retracto para la adquisición de la unidad productiva o empresa, que podrían ejercer en el plazo de 15 días desde la finalización sin acuerdo del periodo de consultas.