Esta iniciativa, registrada el 24 de agosto, incluye algunas medidas aprobadas posteriormente por el Gobierno, como la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional, activada un día después.

La iniciativa se debatirá una semana después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareciese en la Cámara Baja para dar cuenta la gestión del Ejecutivo antes, durante y después de la entrada masiva de al menos 70.000 migrantes los días 30 y 31 de julio. Unas explicaciones que no convencieron ni a la oposición ni a sus socios, sobre todo en lo relativo a la posible responsabilidad de Marruecos, la cual, por el momento, descarta el Gobierno, aunque Sánchez ya avisó de que, si se demostrase lo contrario, actuarían con "total contundencia".

Para el PP, lo ocurrido en Ceuta fue "uno de los episodios más graves sufridos en una frontera española en los últimos años" que "desbordó los mecanismos ordinarios de control de una frontera exterior de España y de la Unión Europea y alteró profundamente el funcionamiento de la ciudad". Una "vulneración masiva de la frontera española" que afecta "a la Seguridad Nacional, la soberanía y la integridad territorial".

Al igual que le trasladó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Sánchez en el Congreso, los populares señalan en su proposición que los hechos ocurridos exigían "previsión y anticipación" además de "una respuesta integral y coordinada". Sin embargo, denuncian que el Gobierno "desoyó las advertencias trasladadas desde Ceuta, minusvaloró la dimensión de los hechos y actuó tarde".

Por ello, y con el objetivo de "recuperar la normalidad, reforzar la autoridad del Estado, proteger permanentemente una frontera española y europea y ofrecer a Ceuta un proyecto de futuro", los populares registraron esta proposición no de ley para su debate en el pleno. En ella instan al Ejecutivo a poner en marcha siete medidas, algunas de las cuales ya han sido activadas.

Así, el PP reclamaba declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional, convocar al Consejo de Seguridad Nacional y nombrar un mando único para dirigir y coordinar la crisis, el cual ya ejerce el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Al mismo tiempo, exigen activar "de manera inmediata" los procedimientos legales para el retorno voluntario o la expulsión de "todos aquellos que accedieron ilegalmente", para lo que solicitan desplazar a Ceuta "todas las unidades de Extranjería necesarias" -algo que ha ido haciendo el Gobierno- y aprobar un calendario "que permita culminar su tramitación y resolución".

Junto a esto, los populares instan a "reorientar las relaciones bilaterales con Marruecos", país al que culpan de la entrada masiva, haciendo hincapié en que esta " no admita amenazas ni chantajes y reafirmando que la integridad territorial de España no se cuestiona ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en las aguas españolas".

También pedían algo que anunció Sánchez en el Congreso: el despliegue de Frontex en la ciudad autónoma, además de las unidades necesarias, como las de intervención rápida, y acelerar los procedimientos de asilo y retorno.

Mientras, reclaman un plan para "garantizar la inviolabilidad de la frontera" en estos dos territorios, con, entre otros, la prolongación del perímetro fronterizo mar adentro, más efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, implantar un sistema permanente e integrado de vigilancia marítima y costera y reformas legales para que las devoluciones en caliente se apliquen también a las entradas a nado, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo que impedía este punto. Unas actuaciones estas para las que exige recabar la financiación europea disponible y "no reclamada hasta la fecha por España".

Asimismo, el PP quiere que se promueva ante la Unión Europea el reconocimiento de la "situación singular y excepcional de Ceuta y Melilla", y que dispongan de representación propia en la delegación española del Comité Europeo de las Regiones, punto este también anunciado por Sánchez en el Congreso.

Por último, la iniciativa de los populares reclama un plan de reactivación económica para Ceuta y Melilla dotado de, al menos, 605 millones de euros para el periodo 2027-2032, algo más de los cerca de 507 millones anunciados por el Gobierno para ambas ciudades hasta 2031.

También quieren una mejora de la conectividad con la península, un plan de choque contra el desempleo juvenil, medidas para facilitar el acceso a la vivienda y una mayor presencia del Estado en ambas ciudades (Sanidad, Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas).