Iturmendi explica en una nota que "este grave hecho pone de manifiesto la necesidad de extremar los controles y la inspección de los servicios residenciales tal y como está establecido en los decretos 40 y 41 de 10 de marzo del año 98 del Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social".

"Es por ello que desde el Grupo Popular hemos presentado una pregunta para conocer si dicha residencia había superado los preceptivos controles e inspecciones de los tres últimos años con el fin de conocer la situación tanto del mismo centro residencial como de su entorno", explicó.