Cascos señaló que el PP no permitirá que, mediante la negativa a crear la comisión investigadora, quede paralizada la investigaciónpara determinar las responsabilidades en que haya podido incurrir el Gobierno en sus relaciones con KIO.

A este respecto, el dirigente popular acusó al Ejecutivo de desviación de poder y de un presunto delito de prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas) supuestamente cometido por el Consejo de Ministros y del que sería personalmente responsable Felipe González.

La presunta prevaricación, que está castigada en el Código Penal con la inhabilitación de su autor para el desempeño de cagos públicos, se habría producido, según el PP, al no cumplir con el requisito legal de someter a autorización especial las inversiones en España de un estado extranjero.

Cascos señaló que el Gobierno no puede pretender que las inversiones de KIO tenían un carácter privado puesto que es patente que actúa como agencia de inversiones del estado de Kuwait.

En cuanto a la posible desviación de poder, el PP aprecia que el Gobierno incurrió en ella al conceder un "trato de privilegio" a las inversionesde KIO y al haber impuesto como directivos de sus empresas a Javier Vega de Seoane y Manuel Guasch.

Cascos basó esta acusación en las declaraciones realizadas por el ex máximo directivo de KIO en España, Javier de la Rosa, quien afirmó que el Gobierno español impuso a KIO tanto a Guasch como a Vega de Seoane.

INFORMACION

Por otra parte, el PP presentó hoy en la mesa del Congreso solicitud de información documental en relación con la actividad en España del grupo KIO.

Entre la información slicitada figuran las verificaciones y autorizaciones administrativas de inversiones extranjeras en empresas de KIO, los fondos y ayudas públicas otorgados por la Administración y las inspecciones efectuadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El PP reclamó también el texto de los acuerdos alcanzados por el Gobierno y Kuwait, la relación total de las empresas vinculadas a KIO y "las cifras reales de entradas y salidad de capital".

Cascos dijo que el Gobierno debe exigir la recuperació de las subvenciones otorgadas a KIO en el caso de demostrarse que no fueron aplicadas a los fines por los que fueron pedidas, y exigió a la CNMV que investigue a las empresas del grupo kuwaití en lugar de "estar permanente mirando para otra parte y silbando".