El PP hará esta petición mediante una moción sobre la regularización masiva de migrantes registrada para su debate en el Pleno del Senado del próximo miércoles.

En el texto de dicha moción, los populares también manifiestan su “rechazo expreso” a la regularización extraordinaria de extranjeros en situación irregular al considerarla un “instrumento arbitrario” que sustituye el debate parlamentario.

Asimismo, el PP cree que es una medida “sin respaldo técnico, presupuestario ni territorial y un incentivo estructural a las vías de inmigración ilegal y a las mafias que se lucran del tráfico de seres humanos”.

Del mismo modo, esta moción exige al Ejecutivo más “respeto al Parlamento” y le insta a que cualquier modificación sustancial del modelo migratorio se tramite por vía legislativa ordinaria, “con participación de los grupos parlamentarios, comparecencias de expertos y memoria de impacto económico y social”.

En la misma línea, el Partido Popular muestra su rechazo a las regularizaciones “masivas y automáticas”, insistiendo en que estas “no pueden constituir un derecho colectivo derivado del mero paso del tiempo, sino un procedimiento excepcional, individualizado, condicionado y verificable”, vinculado al empleo “real”, a la integración “efectiva” y a la seguridad jurídica.

La iniciativa también defiende la vinculación de una autorización de residencia al empleo como modelo migratorio “responsable”. El PP sostiene que debería ser necesario un “contrato de trabajo, alta en la Seguridad Social, actividad económica real o proyecto empresarial viable” para autorizar la residencia a una persona extranjería, recuperando así el carácter “verdaderamente excepcional del arraigo social y familiar y estableciendo la exclusión expresa de personas con antecedentes penales, órdenes de expulsión o reincidencia delictiva”.

Finalmente, la moción exige una “política migratoria de Estado” que refuerce el control de fronteras, las oficinas de extranjería y los medios humanos y materiales; ejecute de forma efectiva las expulsiones, devoluciones y retornos de quienes no cumplen los requisitos legales; mejore la eficacia del sistema de retornos, y combata las mafias de tráfico de personas, entre otras cosas.