La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, confirmó este paso en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del partido, donde insistió en que la instrucción “es nula clarísimamente de pleno derecho”. Y lo hace después que “la gran mayoría” de los miembros de la máxima Administración electoral “contiene disposiciones contrarias a la propia Ley que pretende desarrollar o ejecutar”.

La Junta Electoral no ha actuado aún, sin embargo, porque entiende que no es competente para intervenir, a pesar de poder apreciar la ilegalidad de algunos apartados de la instrucción.

En este contexto, el PP ha seguido los pasos de Vox y ha solicitado la nulidad de oficio de la instrucción ante la Secretaría de Estado de Justicia. No obstante, fuentes populares tienen “cero esperanzas” porque todo depende del Gobierno de Pedro Sánchez.

Ezcurra también solicitó al Ejecutivo que “haga públicos y transparentes todos los datos de las nacionalidades que han sido concedidas hasta el momento” y que “paralice la inscripción hasta que se aclaren estos criterios homogéneos que se han pedido” desde la Junta Electoral.

Cabe recordar que la ‘ley de nietos’ es, en realidad la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática que fue aprobada en octubre de 2022. Este epígrafe permite optar a la nacionalidad española a los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad “como consecuencia de haber sufrido exilio” por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual.

La polémica se centra en la instrucción que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública aprobó cinco días después y que, según los vocales discrepantes, va “mucho más allá de lo que la ley prevé” al sostener que el primer párrafo de la ‘ley de nietos’ recoge dos supuestos distintos para conceder la nacionalidad y, al mismo tiempo, ordenar a los consulados interpretarla de tal forma.

En la práctica, eso se traduce en que tienen derecho a la nacionalización los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles, fuera cual fuera la razón de su salida de España. Y por otro, los nacidos fuera de España de ascendientes que perdieron o renunciaron a la nacionalidad por el exilio, como recoge la Ley de Memoria Democrática.