La incidencia paralizó totalmente la circulación de trenes de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía, dejando al menos a 27 trenes detenidos durante más de 12 horas, muchos de ellos con cientos de pasajeros sin agua, comida ni alternativas de transporte, y requiriendo la intervención de Protección Civil para el suministro de víveres.

En una pregunta parlamentaria a la Comisión Europea, el eurodiputado Borja Jiménez Larraz sostiene que estos fallos "ponen en entredicho la adecuada gestión de una infraestructura financiada en parte con fondos europeos" y afectan gravemente a los derechos de los pasajeros recogidos en el Reglamento (UE) 2021/782, que establece obligaciones claras para los operadores ferroviarios en materia de compensación, asistencia y fiabilidad del servicio.

Giménez Larraz recordó que en mayo se produjo una avería similar en la misma línea, con más de 10.000 pasajeros afectados, y subrayó la importancia de hacer cumplir el Reglamento Europeo a los gestores de infraestructura, para que apliquen las medidas correctoras necesarias, incluyendo responsabilidades técnicas o contractuales.

En este sentido, exigió saber qué instrumentos tiene previsto activar Bruselas para garantizar que los pasajeros afectados sean debidamente indemnizados y protegidos ante lo que califica como “fallos sistemáticos e inadmisibles en una de las redes ferroviarias más subvencionadas de Europa”.

Desde su escaño en la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo, Giménez Larraz insistió en que la Comisión no puede mirar hacia otro lado ante la vulneración reiterada de derechos básicos de los ciudadanos europeos.

“Todos los españoles somos testigos de la degradación del servicio de ferrocarril nacional durante los años del gobierno socialista. Los españoles no se merecen que les dejen abandonados en un tren durante horas, merecen un servicio moderno y eficiente. La Comisión no puede mirar hacia otro lado mientras se vulneran los derechos más básicos de los pasajeros. Exigimos rigor, transparencia y una actuación inmediata”, manifestó.

A su juicio, y puesto que no es un fallo puntual, se trata de una negligencia sistemática que atenta contra los derechos que protege la legislación europea.