La iniciativa, liderada por la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, se produce después de conocerse informaciones sobre un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado a la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, responsable de las diligencias sobre la trama corrupta en torno a la exmilitante socialista Leire Díez.

Según esas informaciones, la Fiscalía Europea ha solicitado información sobre el caso ante la posibilidad de que los hechos investigados puedan afectar a fondos de la Unión Europea.

Montserrat, que concurrió como cabeza de lista del Partido Popular a las mismas elecciones europeas de junio de 2024 en las que Ribera encabezó la candidatura del PSOE, pide ahora explicaciones a la Comisión sobre las implicaciones institucionales de la causa, invocando el artículo 245 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el Código de Conducta de los miembros de la Comisión.

“Estamos hablando de posibles irregularidades vinculadas a la financiación de su campaña a las elecciones al Parlamento Europeo y, por tanto, la Comisión debe aclarar qué información tiene y qué medidas piensa adoptar para proteger la integridad de la institución”, señala Montserrat en el escrito.

La eurodiputada del PP reclama, en primer lugar, que el Ejecutivo comunitario explique si “ha sido informado formalmente por la Fiscalía Europea de las diligencias relativas a la posible afectación de fondos de la Unión”, después de que un particular planteara ante el organismo europeo la posible afectación de fondos comunitarios.

La eurodiputada también pregunta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, si “ha considerado la posibilidad de adoptar medidas en relación con las responsabilidades de la vicepresidenta ejecutiva Ribera mientras se esclarecen los hechos, de conformidad con las competencias que le atribuye el artículo 17.6 TUE”.

El artículo 17.6 del Tratado de la Unión Europea atribuye al presidente del Ejecutivo comunitario, entre otras facultades, la facultad de determinar su organización interna y establece que velará por la coherencia, eficacia y colegialidad de su actuación. Asimismo, dispone que un miembro de la Comisión presentará su dimisión si la presidenta se la pide.